Mara Rivera, reportera
México.- El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, explicó que la propuesta de
reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en México, busca reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Adelfo Regino explicó que se busca también garantizar la consulta previa, libre e informada en decisiones que les afecten.
Indicó que se propone una ley general que asegure el respeto y ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, basada en diálogos y consultas con los propios pueblos.
Detalló que el primer punto de esta reforma constitucional es reconocer a México como una nación pluricultural y multiétnica en donde existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en todo el territorio nacional desde Baja California, donde están los pueblos yumanos (distribuidos a lo largo de los desiertos de Baja California y Sonora en México, y Arizona y California en Estados Unidos) hasta la península de Yucatán donde está el pueblo maya.
“Estamos hablando de 70 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Son 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones de personas se reconocen, se auto-escriben como pertenecientes a uno de estos pueblos indígenas y hay 2.5 millones de personas que se auto-escriben como afromexicanas.”
Agregó que este es el rostro de la diversidad cultural, lingüística, étnica de nuestro país. Y la piedra angular de la Reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El director general del (INPI) indicó que se está planteando en esta Reforma, en el artículo segundo de la Constitución Federal. Esto significa que los pueblos y las comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y desde luego tomar decisiones en sus asambleas mismas que deberán ser respetadas por el gobierno y la sociedad.
“También podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas, sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico, podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario, de manera importante recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades”.
Destaco que actualmente la Constitución y las leyes reconocen a los pueblos como sujetos de interés público, es decir, les da un trato de objeto, esto así es, tratado como objeto sujeto de protección de tutela y asistencia de las normas políticas y acciones del gobierno y de terceros.
Ahora, de lo que se trata, dijo es que en la nueva iniciativa es que sean considerados como sujetos que tendrán capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y la sociedad.
“Este es el cambio fundamental que se está planteando, pasar de ser sujetos de interés público a ser sujetos de derecho público. A partir de este reconocimiento se fortalecen los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía, particularmente en cuanto al fortalecimiento de sus formas de gobierno, la jurisdicción indígena, el patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la propiedad intelectual colectiva”.
Por último considero que esta reforma es un acto de humanidad, un acto de elemental justicia social, un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación y pone en práctica la premisa que nos ha iluminado, que nos ha guiado en este gobierno de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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