Gerardo Cedillo, reportero
México.- La Comisión de Gobernación del Senado, pospuso la dictaminación de la Ley General de Operación de los Registros Civiles que, en marzo de 2023 fue remitida por la Cámara de Diputados, a pesar de que había un mandato judicial para aprobarla.
Esta ley crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), que concentrará la información de todos los mexicanos:
Nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única del Registro de Población (CURP) y datos biométricos.
La Secretaría de Gobernación establecerá los mecanismos y requisitos para que las dependencias y entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente la información y datos contenidos en el SID.
Mónica Fernández Balboa, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, aclaró que el pronto análisis de este dictamen, obedecía a la existencia de un mandato judicial por omisión en la armonización y homologación para organizar el funcionamiento de los registros civiles de todo el país.
Lo anterior, mediante la creación de un registro único y parámetros base atinentes al respecto de los derechos de identidad, registro de nacimiento inmediato, nombre, nacionalidad, así como del principio de igualdad y no discriminación de las niñas y niños nacidos en el territorio mexicano e hijos e hijas de personas migrantes.
Las y los senadores de Morena y la oposición fijaron su posición en contra de que se aprobara el dictamen, hasta en tanto no haya un estudio más a fondo del mismo y la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en cuanto a qué sucederá con los datos (biométricos) personales.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, informó que esta comisión fue notificada el 13 de junio pasado de la existencia de un mandato judicial para aprobar de manera inmediata esta ley.
La morenista arremetió contra el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ordenó al Senado la dictaminación de la ley.
“Quien ha sido varias veces señalado y una queja formal en su contra ante el Consejo de la Judicatura por su actuar faccioso en las atribuciones de otros poderes de la Unión. (…) Fue precisamente este Juzgado con este juez quien concedió la suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos, fue quien ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias de un ex alcalde de la alcaldía Benito Juárez, fue quien ordenó modificar el plan de vacunación contra el Covid en la etapa más critica de la pandemia porque lo calificó de simplista. Fue quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizaron la comercialización de cigarrillos electrónicos y consumo del tabaco. (…) Decir que eso de alguna motiva un poco a la reforma que se ha planteado al Poder Judicial”.
Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que desconocía que hubiera una resolución judicial que obligaba al Senado a aprobar esta ley. “Nadie de nosotros quiere caer en desacato, yo desconocía hasta este momento porque el dictamen no lo dice, que existía una orden”.
Con el fondo del dictamen también estuvo en desacuerdo, particularmente con la conformación del llamado SID.
“Yo de fondo no estoy de acuerdo con algunos artículos de esta ley, particularmente en relación con este sistema que se genera y, las facultades que se le dan a la Secretaría de Gobernación de poder administrar esta base que contiene biométricos que, de hecho hace referencia a una Ley de Población que no se han dado los cambios, que ahí se planteaba esta CURP con foto, (…) si me parece a mí que nos estamos listos en esos temas”.
Rocío Abreu, senadora de Morena, solicitó a la presidencia de la Comisión que por tratarse de un tema fundamental de derechos humanos, de identidad, protección de datos, de proceso y de presupuesto, hubiera mayor tiempo para su reflexión.
“Que nos dieran mayor tiempo. (…) Si pediría esa consideración de mis compañeros poder tener un poco más de tiempo para tener un análisis completo en un tema tan delicado como es este”.
Los senadores Eunice Renata Romo, del Partido Encuentro Social e Israel Zamora, de Morena, pidieron que se retirara el dictamen para su discusión.
La senadora del PES, argumentó que “me parece que debe quedar explícito en esta comisión que, de nuevo es un exceso del Poder Judicial estarnos obligando a llevarnos a dictaminar cosas que ni siquiera hemos podido estudiar. De nuevo caemos en el exceso, el Poder Judicial no puede estar diciéndonos cómo hacer, en qué momento hacerlo, pareciera un desconocimiento absoluto de en qué momento procesal estamos en el Senado de la República.
JJ
