México.- El diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) presentó una iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El legislador impulsa una reforma para que corresponda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promover la organización de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes, así como garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable, realizando las acciones necesarias para impedir que sean víctimas de explotación laboral.
Lo anterior, en los términos en que se define ese delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. La iniciativa, que modifica la fracción XXI y adiciona una fracción XXI Bis al artículo 40 de la citada ley, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población.
Vulnerabilidad y precariedad en el sector agrícola de México
En la exposición de motivos, subraya que es una prioridad la protección de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes, debido a que las condiciones adversas en las que trabajan vulneran sus derechos laborales y humanos. Señala que en México cerca de tres millones de personas se desempeñan como jornaleros agrícolas, en su mayoría bajo esquemas precarios caracterizados por largas jornadas, bajos salarios y ausencia de seguridad social.
Explica que esta situación se agrava por la migración constante, ya que muchas familias se trasladan completas a los campos agrícolas, lo que incrementa los niveles de marginación y limita el acceso a servicios básicos como salud y educación. Esta movilidad también dificulta su incorporación a programas sociales y mecanismos de protección gubernamental.
Acciones para erradicar la explotación laboral y la trata
Olivares Mejía destaca que una proporción importante de estos trabajadores es de origen indígena, proveniente de entidades con altos índices de pobreza. Esta condición, sumada a la informalidad laboral y la inestabilidad en el empleo, los coloca en un escenario de alta vulnerabilidad, donde incluso perciben ingresos por debajo del salario mínimo y carecen de prestaciones.
Advierte que las condiciones que enfrentan pueden llegar a configurarse como explotación laboral, en algunos casos en los límites de la trata de personas. Por ello, la iniciativa busca establecer un mandato claro para fortalecer la intervención del Estado mediante acciones de prevención, supervisión y protección, a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo y erradicar prácticas abusivas en el sector agrícola.
JJ
