México.- Los Grupos Parlamentarios de la Coalición Legislativa Va Por México, conformada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRD, PAN, PRI), emitieron un comunicado para rechazar la creciente —es su forma de trabajar — la violencia generada en México.
Particularmente, dicen que les preocupa, la situación violencia en los estados de Zacatecas, Veracruz y Morelos por parte del crimen organizado, frente a la indolencia de las autoridades federal y estatales que -pese al desplazamiento de miles de elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas a dichas entidades- se han visto ampliamente rebasadas con un preocupante incremento de crímenes contra mujeres, destacadamente de feminicidios.
Esa oposición de café y mediática, criticó a los gobiernos de Morena y no ve la viga en el ojo propio, como es la grave violencia que se vive desde hace décadas en Guanajuato y Tamaulipas, entre otros lugares gobernados por el PAN.
En sus cuentas, la oposición que saca cifras de la prensa, señala que en Zacatecas se registraron 155 homicidios vinculados a la delincuencia organizada del 25 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022, y los más de 1 mil 200 elementos de la Guardia Nacional desplazados en el marco del Operativo Zacatecas II, no han sido capaces de frenar feminicidios como el ocurrido el pasado sábado en la comunidad de Santiaquillo, Fresnillo, donde, según información preliminar, dos mujeres fueron arrojadas a un tiradero y les prendieron fuego aun estando con vida.
Pese a los señalamientos del presidente López Obrador en el sentido de que “hubo una disminución del 25 por ciento de homicidios” en 40 días de puesto en marcha el operativo arriba señalado, lo cierto es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los crímenes van en aumento, destacando el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en plena Plaza de Armas de la capital zacatecana.
En Veracruz, igualmente se ha registrado un repunte en homicidios dolosos con 37 crímenes, según cifras oficiales. Apenas al inicio de este año, testificamos uno de los casos más violentos cuando -el pasado viernes 7 de enero- en Isla, al sur de la entidad, fueron apilados en un terreno arenoso, nueve cuerpos, cerca de la autopista 145. Ocho hombres y una mujer sobre los cuales fueron colocados mensajes contra el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos.
En tanto que el estado de Morelos terminó el año 2021 con al menos 90 feminicidios e inició este 2022 con dos crímenes en el primer fin de semana. Asimismo, sigue abierta la polémica por la fotografía donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco, aparece con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y de “Guerreros Unidos” que, de acuerdo con el vicario General de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, fue tomada en la iglesia “La Asunción”, en Yautepec en 2018.
Pese a que el gobernador ha asegurado desconocer a los personajes con los que se retrató, los medios de comunicación informaron que, al día siguiente de que el ex futbolista negara vínculos con ellos, los criminales colgaron una manta donde recriminaron su proceder y lo amenazaron con dar a conocer información sobre el asesinato de Samir Flores, activista opositor a la planta termoeléctrica de Morelos asesinado el 20 de febrero de 2019, justo un día después de haber acudido a una asamblea informativa sobre dicho proyecto, encabezada por Hugo Erik Flores, delegado del gobierno federal para el estado de Morelos. El crimen sigue impune.
Ante este escenario hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores de dichas entidades -David Monreal Ávila, Cuitláhuac García Jiménez y Cuauhtémoc Blanco Bravo- y a las instancias de procuración de justicia de carácter federal y estatales, a fin de que se lleven a cabo las acciones a que haya lugar para frenar las masacres, esclarecer los actos de violencia a los que hacemos referencia, y recuperar la paz que las y los mexicanos por derecho merecemos.
En este exhorto, demandamos que no se descarte ninguna línea de investigación y se activen los protocolos con perspectiva de género y en materia de derechos humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias.
FF
