Gerardo Cedillo, reportero
México.- Aunque la oposición esta de acuerdo en que el gobierno pueda cruzar datos para dar con el paradero e identificar a personas desaparecidas o que son encontradas muertas en fosas clandestinas o en hechos violentos.
El PRI y el PAN advirtieron que “no darán un cheque en blanco”, para que el gobierno, sin control alguno, tenga acceso a las bases de datos biométricos de los mexicanos, en poder de entes públicos o privados.
Alito Moreno, dijo que la bancada del PRI revisará a fondo la reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al senado, para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Sin embargo, considero que no tiene nada nuevo, distinto a lo que ya existe en diversas leyes secundarias y en la constitución, pero que este gobierno no aplica y ha sido omiso.
Consideró que si la presidenta misma fue hackeada y no existe ya un organismo independiente como el INAI que maneje esas bases de datos, resulta preocupante que el gobierno pueda resguardar adecuadamente los datos personales y biométricos de los mexicanos.
“Hemos revisado la propuesta y lo que han presentado iniciativas y verdaderamente es una locura lo que han presentado hay que hacer modificaciones, hay que hacer adecuaciones en los temas de datos biométricos, en los temas personales y en los temas que llevan a que se resuelva la seguridad pública, el trabajo de seguridad pública. Sí, con un límite. ¿Y dónde están los temas de seguridad nacional? Porque no sólo se quiere hacer una súper, súper, súper, súper, ultra, súper secretaría, imagínate concentrar todas las bases, la interconexión, la información, los temas digitales, todo en una sola secretaría, sin que tengan ninguna regulación. Habremos de presentarlo y habremos de hacerlo”.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya pidió a Claudia Sheinbaum aclarar si se comprometió a entregar a Estados Unidos datos biométricos de los mexicanos, tras la reciente visita de Kristi Noem , Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
En entrevista, puntualizó que otorgárselos sería firmar la sentencia de muerte de millones de migrantes que están en Estados Unidos y serían perseguidos, utilizando esta información.
“Es muy preocupante que no existan controles, por eso vamos a proponer que existan controles, pero segundo, cuando esto se pone en el contexto de un gobierno autoritario en lo local y del gobierno de Estados Unidos, presumiendo que ya solicitó formalmente los biométricos de los mexicanos, pues nos parece doblemente grave”, señaló.
Sobre la Ley de Personas Desaparecidas, enviada por la presidenta, dijo que es un cheque en blanco para que el gobierno tenga acceso a toda la información de bancos, el INE, hospitales, compras, Amazon, Mercado Libre. Por eso Acción Nacional buscará enriquecerla para que haya herramientas de búsqueda, pero sin vulnerar la privacidad de las y los mexicanos.
Explicó que el PAN coincide con el objetivo fundamental de dotar al Estado mexicano de las herramientas necesarias para poder ubicar a las personas desaparecidas.
“Sí, a que el gobierno tenga las herramientas para encontrar a los desaparecidos. No, a que sin controles se pueda vulnerar la privacidad, los datos personales de cualquier mexicana o mexicana, Acción Nacional propone se establezcan controles, es decir, porque se ha visto cómo se exhibe información privada de periodistas, de activistas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de opositores, porque “toda esta información en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño en el país”, expuso.
Pero en la iniciativa se muestra una entrega de facultades de control al gobierno sin que exista una obligación de rendir cuentas, ni se garantice que no haya mal uso de la información.
Detalló que el artículo 12 bis, le da al gobierno la posibilidad de acceder a la información de cualquier ciudadano de bases de datos que tengan servicios financieros, transporte, salud, biométricos, servicios de paquetería, Amazon, Mercado Libre, registros patronales de seguridad social, inclusive los religiosos, instituciones de seguridad privada, y también obliga a todas las autoridades, incluyendo al INE a entregar la firma, la fotografía y la huella dactilar.
El senador Anaya advirtió que le parece delicado que se quiera utilizar una enorme tragedia, como la del rancho Izaguirre, para obtener información que en otras circunstancias los ciudadanos no estarían dispuestos a entregarle al gobierno.
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