Gerardo Cedillo Hurtado
México.- En el sexto aniversario de la Guardia Nacional, Morena y sus aliados le regalaron su total incorporación y mando en las Fuerzas Armadas.
Con 75 votos a favor y 34 en contra, se aprobó el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y reforma diversos ordenamientos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional.
La nueva ley abroga la legislación vigente y reglamenta el marco jurídico de la reforma constitucional publicado el 30 de septiembre de 2024.
El nuevo ordenamiento define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque se integrará también con personal civil de confianza para tareas técnicas y administrativas —regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado— el mando operativo y estratégico recaerá en la estructura militar.
La presidenta de la República ostentará el Mando Supremo, mientras que el Alto Mando corresponderá a la persona titular de la Sedena.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal.
Además, se establece un robusto sistema de coordinación entre esta fuerza y los organismos de inteligencia del Estado mexicano, como el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
La Sedena asume formalmente funciones en materia de generación, procesamiento y uso de inteligencia para advertir riesgos y prevenir amenazas a la seguridad nacional.
La discusión polarizó al Senado.
Legisladores de la oposición rechazaron el mando militar de esta corporación, entre acusaciones de militarización y llamados a preservar su carácter civil.
Karla Toledo, senadora del PRI, sostuvo que la estrategia de militarización ha fallado.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, reiteró el rechazo de su bancada a cualquier iniciativa que implique fortalecer el control militar sobre tareas de seguridad pública.
“Hoy lo reiteramos, la militarización es una salida falsa para escapar del espiral (0:09) de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz”, afirmó.
Desde el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez defendió la reforma impulsada por el oficialismo y negó que implique una militarización:
Por parte del PAN, el vicecoordinador Enrique Vargas recordó declaraciones pasadas de legisladores de Morena en contra de la militarización y las contrastó con su postura actual.
Al presentar un video con dichos de integrantes del oficialismo, Vargas cuestionó la congruencia del partido en el poder.
En respuesta y alusión a Vargas, Lucia Trasviña presidenta de la comisión de Seguridad Publica, le recomendó que se aliste y se vaya al territorio, si quiere una guardia civil.
La reforma prevé que los elementos de la Guardia Nacional estén sujetos a la jurisdicción penal militar cuando incurran en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones militares, mientras que serán procesados en tribunales federales cuando las conductas delictivas correspondan a su función como policías.
Se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la propia Guardia Nacional, dentro de sus competencias, siempre bajo la conducción y mando del primero.
Asimismo, esta institución formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Entre las atribuciones conferidas a la Guardia Nacional destacan:
• Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.
• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.
• Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social.
• Realizar labores de investigación e inteligencia para la prevención del delito.
• Ejecutar investigaciones bajo el mando del Ministerio Público.
• Colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública estatal o municipal, mediante convenios.
• Obtener y procesar información conforme a lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley regula expresamente la participación de la Guardia Nacional en la intervención de comunicaciones privadas en investigaciones criminales, condicionándolas a una autorización judicial previa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Esta disposición busca asegurar que toda actuación de esta naturaleza se someta a control jurisdiccional estricto y respete los derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso.
En caso de que las pruebas obtenidas vulneren derechos o se recojan sin las formalidades legales, estas serán consideradas inválidas, garantizando la integridad del proceso judicial.
Además de expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional, el dictamen aprobado contempla reformas, adiciones y derogaciones a un amplio conjunto de normas:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
• Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Código de Justicia Militar
• Código Militar de Procedimientos Penales
Con esta legislación, el gobierno federal avanza en la consolidación de una fuerza de seguridad nacional de carácter militar, bajo una lógica centralizada y de coordinación interinstitucional en tareas de inteligencia, prevención e investigación de delitos.
El decreto se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
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