México.- El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea modificaciones a las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, para contar con un INE menos costoso y sin lujos.
Abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y propone modificaciones a las Leyes Generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas.
Propone:
- Crear un Sistema Nacional Electoral conformado por el INE y los Órganos Públicos Locales Electorales.
- Compactar la estructura del INE y eliminar sus fondos y fideicomisos que en su caso serán utilizados para el pago de posibles indemnizaciones laborales.
- Unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares con el computo de la elección que iniciará el mismo día de la elección.
- Garantiza el voto de las personas en prisión preventiva y a las personas con discapacidad en estado de postración.
- Establece el voto extranjero mediante internet.
- Modifica las fechas del proceso electoral para que inicie a finales de noviembre del año previo a la elección.
- Estos cambios no aplicarán en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023.
Según la propuesta del Ejecutivo federal, la compactación del INE generaría ahorros por 3 mil 600 millones de pesos, equivalentes a becas para 143 mil personas adultas mayores o 52 mil jóvenes apoyados por el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
8.- Se modifican sanciones exorbitantes y desproporcionadas, como la cancelación de candidaturas, para hacerlas proporcionales y equitativas a la conducta realmente cometida.
9.- Constituyen infracciones de los partidos, la difusión de propaganda política o electoral con expresiones que calumnien a las personas, a partidos políticos o a gobiernos emanados de éstos.
En la iniciativa con reformas a la Ley General de Comunicación Social, el titular del Ejecutivo federal impulsa que no constituya propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas en el marco de su libertad de expresión.
Permite contrataciones directas de espacios para difundir Campañas de Comunicación Social, en casos de emergencia o extrema urgencia que pongan en riesgo o peligro a las personas.
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