Jorge Sánchez, reportero
Tamaulipas.- La madrugada de este sábado fue liberado el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, luego de que un juez federal le concedió un amparo en el juicio de extradición 1/2017 entablado en su contra por el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). El exmandatario fue detenido tras ser reclamado por el norteamericano para llevarle juicio por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.
El Juez Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, al concederle la protección de la justicia federal le fijó al exmandatario una fianza por cinco millones de pesos, que le costará al requerido, el 10% de dicho monto. Al darse a conocer la noticia de su posible liberación, la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió por riesgo de fuga del exmandatario estatal, y confirmó que interpuso un recurso de revisión, lo que retrasó su liberación hasta que su cubriera la garantía procesal.
La Estados Unidos lo acusa a Hernández Flores de que, en complicidad con su cuñado, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales; aperturó cuentas bancarias en los Estados Unidos de América por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído.
Desde enero del 2018, otro Juez Federal aprobó la extradición a los Estados Unidos de América. En marzo del 2018 el Gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del 2018 el Juez de Amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición; en esa misma fecha, el Juez concedió suspensión de plano para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018.
La FGR señala a través de un comunicado que en este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor.
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