Gerardo Cedillo, reportero
México.- La preocupación de una excesiva concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se mantuvo como centro del debate en el segundo foro o conversatorio del senado, para ajustar la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Incluso, el oficialismo reitero su apertura para crear un órgano colegiado, para coadyuvar con la Agencia, pero sin precisar todavía sus facultades y alcances.
De hecho, el gobierno sustentó y defendió su iniciativa en la voz de José Luis Pérez Hernández coordinador nacional de Infraestructura Digital, un funcionario de menor rango, en lugar de mandar a José Merino, propuesto para encabezar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
De entrada, Pérez Hernández rechazó las críticas de opositores y especialistas, y afirmó que la reforma no pretende excluir al sector privado, ni duplicar esfuerzos en el sector.
“En resumen, esta reforma no busca excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, sino complementar el ecosistema actual con nuevos instrumentos e incentivos.
“Establece condiciones para que el espectro radioeléctrico sea utilizado de manera eficiente, inclusiva y alineado con los intereses públicos de nuestro país”, puntualizó.
En este foro se abordaron como temas centrales, la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico, es decir como incluir a comunidades apartadas a la telefonía, el internet y las nuevas tecnologías y destacaron la importancia de una legislación que promueva la equidad y la inclusión a las telecomunicaciones en México.
En ese sentido, Pérez Hernández, planteó que el acceso al espectro es fundamental para garantizar la cobertura social en áreas remotas.
Señaló que los grandes operadores no ven rentables estas zonas y que el Estado debe incentivar la cobertura en áreas no lucrativas mediante descuentos en los pagos anuales por el uso del espectro.
Además, resaltó la importancia de la política satelital, señalando la necesidad de estrategias para conservar las posiciones orbitales mexicanas, vitales para la conectividad en áreas marginadas.
Elizabeth Peña Jauregui, representante de Ericsson, abogó por la inclusión del concepto de “conectividad significativa” en la ley.
Enfatizó que la legislación debe garantizar acceso confiable, seguro y asequible a la tecnología.
Destacó que la ciberseguridad debe ser vista como un derecho fundamental y sugirió que el Estado impulse políticas fiscales que promuevan la conectividad, reconsidere los altos costos del espectro que actualmente inhiben la inversión en el sector.
“Les solicitamos optar por una ley que elimine los impuestos especiales, que incentive la inversión, que promueva la desregulación, la neutralidad tecnológica, la competencia efectiva, la conectividad significativa, confiable, segura y de calidad”, propuso.
En su turno, Carlos Alejandro Merchan Escalante, de la Academia de Ingeniería, mostró su preocupación por la pérdida de las posiciones orbitales mexicanas, un patrimonio vital para la comunicación satelital.
Instó a la Cámara de Senadores a adoptar medidas que garanticen la continuidad de las operaciones satelitales en estas posiciones, especialmente, en el contexto de la reforma que se está discutiendo.
“Y que si no se hacen las cosas que se deben de hacer oportunamente, es muy probable que en el mediano plazo perdamos la primera posición orbital y posteriormente las otras tres posiciones orbitales, que tanto trabajo nos costó conseguirlas oportunamente”, advirtió.
Erick Huerta Velázquez, representante de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, subrayó la necesidad de una política de fomento específica para los pequeños operadores.
Recordó que lograr la inclusión y conexión de todos los mexicanos no depende de que los grandes operadores inviertan, sino que se generen operadores pequeños y medianos, por lo que criticó las políticas actuales que subsidia a grandes empresas como CFE, generando una competencia desleal con los operadores comunitarios.
En este sentido dijo que el subsidio no debe ser para Altan y CFE sino a los consumidores directamente.
Jimena Ferráez Ramos, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, también destacó el rol esencial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la provisión de conectividad en comunidades marginadas.
Solicitó un reconocimiento legal claro para estos operadores, y propuso la creación de un marco normativo que elimine la discrecionalidad en la regulación, simplifique procesos y facilite el acceso al financiamiento y la tecnología.
El coordinador del Comité de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas de Michoacán y Oaxaca, Melquiades Rojas Blanco, hizo un llamado al reconocimiento de los derechos establecidos en el artículo segundo constitucional, que otorga derechos específicos a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Clara Luz Álvarez González de Castilla, catedrática de la Universidad Panamericana, abogó por la inclusión de personas con discapacidad a la conectividad y la inclusión digital, dijo que no solo la televisión abierta debe tener traducción en lenguaje de señas y escrito, sino todas las plataformas y aplicaciones digitales.
Para esto puso el siguiente ejemplo:
Si soy sordomudo y tengo una emergencia, de nada me sirve el 911 sin no me puedo comunicar con nadie”.
En este conversatorio los pequeños operadores reclamaron un marco normativo que los reconozca y apoye, y los expertos coincidieron en la necesidad de que el Estado juegue un papel facilitador, protegiendo recursos como el espectro y las posiciones orbitales, y promoviendo un entorno que favorezca la competencia leal y el acceso equitativo para todos los sectores.
La oposición criticó la inasistencia de José Merino, titular de la ATDT, para que explicara las 66 facultades o atribuciones que se le confirieron a este órgano del Estado para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión.
JJ /LP
