México.- Al señalar que México atraviesa una crisis de violencia que ha colocado a las Fuerzas Armadas en la primera línea de defensa del Estado, con un alto costo humano, el senador Miguel Ángel Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó que más de 800 militares han perdido la vida en enfrentamientos, emboscadas y ataques perpetrados por organizaciones criminales cada vez más violentas y sofisticadas.
Por ello, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el fin de proteger a elementos en retiro ante amenazas del crimen organizado, tras su participación en operativos de alto riesgo o en acciones estratégicas para la seguridad nacional.
Señaló que el riesgo no termina al concluir el servicio activo, pues existen casos de ataques contra militares incluso fuera de funciones, situación que demuestra la identificación de objetivos por parte de la delincuencia organizada dentro de las instituciones y la permanencia de amenazas contra quienes participaron en operativos relevantes.
Reforma a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
La iniciativa propone la adición de una fracción al artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas e incorpora un nuevo capítulo sobre servicios de seguridad personal. El propósito es establecer un mecanismo institucional para el otorgamiento de protección temporal a militares en retiro, previa evaluación técnica de riesgo y con opinión de las secretarías competentes.
El proyecto establece que la protección no tendrá carácter automático ni permanente, sino excepcional y sujeta a criterios claros, con límites definidos y causales para negar o retirar el beneficio. Entre estas causales se encuentra la existencia de sentencias por delitos dolosos o faltas graves, con el objetivo de evitar privilegiosy garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
Protección a militares: Una obligación del Estado, no un privilegio
El legislador subrayó que la seguridad para quienes arriesgaron la vida en defensa del país no constituye un privilegio, sino una obligación del Estado. Esto se debe a que la intimidación contra mandos militares afecta la estabilidad institucional, debilita la capacidad de las fuerzas de seguridad y pone en riesgo la seguridad interior de la nación.
JJ
