México. La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de Plan B, con la aprobación de la reforma a los artículos 115, fracción I; 116, fracción II, y la adición al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que, una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el proyecto de declaratoria para reformar la estructura del poder público y electoral. El documento se remitió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Previamente, la diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena) dio cuenta del cómputo de 19 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México.
Nuevas reglas para Ayuntamientos y paridad de género
Lo reformado precisa en el artículo 115 que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Estas integraciones deberán cumplir con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público municipal.
En tanto, el artículo 116 señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, se deben garantizar los principios de paridad e igualdad en los órganos legislativos locales.
Topes salariales y límites presupuestarios al INE y organismos electorales
El artículo 134 subraya que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados, así como titulares de áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales locales, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Es decir, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, cajas de ahorro especiales ni regímenes especiales de retiro que no estén previstos por la ley o contratos colectivos de trabajo.
Plazos para la armonización jurídica y reducción al presupuesto del Senado
En el régimen transitorio se indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonizarán su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. Mientras tanto, se aplicarán de manera directa las disposiciones constitucionales y, supletoriamente, las leyes en materia electoral.
Se establece que, a partir del ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor, el presupuesto autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva para alcanzar una reducción acumulada del 15 por ciento en términos reales respecto al presupuesto de 2026. Esta reducción no podrá afectar los derechos laborales de los trabajadores.
Finalmente, el INE y los organismos públicos locales revisarán sus disposiciones administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de este decreto, asegurando que los presupuestos de las autoridades electorales se ajusten a lo previsto en la Constitución.
jj
