Rosa Angélica Fimbres, corresponsal
México.- Ninguna de las personas imputadas por el incendio en la guardería ABC, en el que 49 niñas y niños perdieron la vida y más de cien resultaron con lesiones, están en la cárcel pese a las sentencias condenatorias ordenadas.
El asesor legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Hijos, Gabriel Alvarado Serrano, recordó que entre 2021 y 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencias en contra de 19 personas involucradas en el siniestro ocurrido el 9 de junio de 2009.
Se cumplen 15 años de incendio en guardería ABC sin justicia para víctimas recordó que en 2009 se presentaron demandas contra 22 funcionarios del gobierno estatal y municipal, personal de la guardería ABC, propietarios de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y empleados del IMSS, pero la SCJN redujo a 13 las personas imputadas por los delitos de homicidio y lesiones culposas u omisión.
“Hay tres mujeres que fueron sentenciadas condenatoriamente por el tema indebido de un ejercicio público. Estamos hablando de tres empleadas del área de guarderías de la delegación Sonora del IMSS. A esas tres personas se les concedió por la Suprema Corte el beneficio de la libertad bajo caución y las a otras 10 les privó de esos beneficios y tienen que cumplir las sentencias”, aseveró.
Por su parte, el asesor legal del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Miguel Nava Alvarado, confirmó que hay sentencias condenatorias para involucrados en el incendio de la guardería ABC.
“Las penalidades van desde 19 años en algunos casos, hasta los 28 años en algunos casos, están completamente sin materializarse y eso sin contar el pago de la reparación de daños con motivos, los hechos delitos del homicidio, agresiones culposas en cada una de las personas que salieron condenadas. Sigue la impunidad”, manifestó.
La Suprema Corte de Justicia del Nación ordenó al Juez adscrito de Justicia Penal Federal en Funciones de Ejecución con sede en Hermosillo emitir de la orden de aprehensión e instruir a la Fiscalía General de la República (FGR) que ejecute las detenciones de los condenados sin derecho a la libertad bajo fianza.
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