Ciudad de México.- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se comprometió este sábado a mejorar la seguridad en las carreteras del país tras sostener una reunión con transportistas que hace unos días realizaron un paro nacional junto con agricultores.
Harfuch indicó en un mensaje en X que tras el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se estableció el compromiso “de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector“.
El funcionario detalló que, en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó “reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia“.
Además, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito. Finalmente, aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte “para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.
Acuerdo Tras Paro Nacional de Transportistas y Agricultores
El encuentro ocurrió luego de un paro nacional realizado por transportistas y agricultores en todo el país, del pasado lunes 24 al jueves 27 de noviembre, que incluyó el bloqueo de distintas vialidades y aduanas fronterizas.
Al anunciar el retiro de los bloqueos tras alcanzar un acuerdo preliminar con el gobierno, el jueves, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo que aunque no están “totalmente satisfechos” lograron que el gobierno se comprometa a atender la inseguridad en las carreteras del país.
Entre sus principales demandas, los operadores de transporte exigen mejorar la seguridad en las vialidades, tras el aumento de crímenes y desapariciones de transportistas en distintos estados del país.
Mientras que los agricultores demandan precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas, por la que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.
Agencia EFE / JJ
