Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República informó que apelará la decisión de absolver a Rosario Robles, exfuncionaria en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por el caso de corrupción conocido como la “Estafa Maestra”.
De acuerdo con la FGR, la decisión del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Paredes, es contraria a la ley, luego de cancelar el proceso penal que enfrentaba la extitular de la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social en el periodo 2012-2015. Advirtió que iniciará un proceso penal en contra del juzgador por considerar que “se está actuando en contra de la ley”, así como que interpondrá una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”, consideró la Fiscalía en un comunicado.
Sobre el caso de la exfuncionaria , la Fiscalía indicó que las leyes estiman que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, “cada una de esas leyes se aplica independientemente de la otra”.
“Así lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, donde dice que las sanciones establecidas en esta Ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales”, indicó.
Esto, luego de que el juez no tocara la presunta participación de Robles en el presunto desvío de recursos públicos por hasta 255.6 millones de dólares, en lo que se denominó en México la “Estafa Maestra”; aunque consideró que deberá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De acuerdo con esta ley, las sanciones e indemnizaciones se impondrán y exigirán “con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes”.
Desde 2019, Robles, quien fue recluida hasta agosto de 2022 en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, enfrenta acusaciones por el presunto desvío de recursos públicos mientras estuvo al frente de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2015 y 2018. Además, la exfuncionaria aseveró que, una posible reparación del daño y el proceso administrativo en su contra, “lo vamos a platicar con los abogados, como dijo el juez, evidentemente hay procedimientos que tendrán que desahogarse, le daremos a todo eso, pero seguimos confiando plenamente en el Poder Judicial”.
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