México.- La diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra, busca eliminar todo precepto discriminatorio que vulnere los derechos de las personas con espectro autista. En México, uno de cada 115 niños y niñas presenta esta condición, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el propósito de asegurar que gocen plenamente de sus derechos.
De acuerdo con la OMS, en el mundo uno de cada 160 niños y niñas posee algún trastorno del espectro autista, mientras que, en México, la relación es de uno por cada 115 niños y niñas, lo que representa alrededor de 1% de la población; es decir, 400 mil niños y niñas.
La legisladora del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados propone eliminar el denominado certificado de habilitación del texto de la ley, que el artículo 3 fracción III de dicha norma define como el “documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan”.
Con esto se pretende derogar de la Ley todo precepto discriminatorio que menoscabe los derechos fundamentales de las personas con espectro autista, a fin de asegurar el acceso a sus derechos sin estigmatizaciones, evitando la existencia de requisitos administrativos que afecten sus decisiones y su participación libre y autónoma en la vida social.
Olga Elizondo sustenta su propuesta legislativa en varias de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los años 2015 y 2020, mediante las cuales esta autoridad judicial invalidó diversas disposiciones de la ley vigente, debido a que vulneran los derechos de las personas con espectro autista.
En concordancia con las resoluciones del Máximo Tribunal, también propone reformar el artículo 10 fracción IX del citado ordenamiento para que se reconozca el derecho de este grupo poblacional a una educación y/o capacitación inclusiva y de calidad, tanto del sector público como el privado, estableciendo las medidas necesarias en los modelos de enseñanza, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así mismo, reivindica su derecho a tomar decisiones por sí solos o con asistencia de sus padres o tutores.
Finalmente, la diputada representante del Distrito Electoral Federal 2 de Tamaulipas sostiene que “es ineludible legislar en favor del pleno respeto de la voluntad de las personas con espectro autista para la toma de decisiones, de ahí que se pretende reconocer el derecho a manifestar por sí mismos sus propios intereses, y únicamente de ser necesario, dado al contexto en su condición, acceder a la asistencia de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos, anteponiendo en todo momento su autonomía e independencia, toda vez que son inherentes a la dignidad humana”.
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