México.- Habitantes del municipio de El Oro realizaron este miércoles una protesta por la falta de recolección de residuos y agua potable, que terminó en el abandono de bolsas de basura frente al palacio municipal y la casa de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza e incluso, servidores públicos atados.
La jornada de protesta por días de presuntas fallas en servicios públicos, se prolongó cerca de nueve horas y mantuvo bloqueados los accesos al municipio hasta poco después de las tres de la tarde.
Los inconformes acusaron que desde hace tres meses la recolección de basura está suspendida, debido a que el Ayuntamiento no ha pagado a la empresa encargada del servicio, lo que ha provocado acumulación de desechos y riesgos sanitarios, además de que el suministro de agua potable se ha visto interrumpido constantemente.
Durante la protesta, un grupo de vecinos retuvo al director de Servicios Públicos municipales, a quien ataron con una cuerda y obligaron a firmar su renuncia, así como a recoger parte de los residuos acumulados frente al edificio del gobierno local, aunque finalmente fue liberado.
“El tema del agua es un derecho humano, eso no está siquiera a debate si el gobierno puede o no, tiene que otorgarnos el servicio de agua porque es un derecho humano, están afectando a niños, niñas, adolescentes, a los adultos mayores, a todas las escuelas, a todos lados, precisamente y pues ahorita llamamos a presionar”, señalaron los manifestantes.
El descontento se trasladó más tarde a la vivienda de la alcaldesa, donde los manifestantes depositaron nuevas bolsas de basura y reiteraron su exigencia de diálogo directo.
Solicitud de destitución contra la alcaldesa Díaz Peñaloza
Esta protesta se registró un día después de que siete de los nueve integrantes del Cabildo entregaron al Congreso del Estado de México una solicitud para destituir a la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de provocar un estado de ingobernabilidad derivado de la falta de servicios públicos, presunto desvío de recursos y ausencia administrativa.
Constitucionalmente, el gobierno del Estado de México es quien debe analizar las pruebas ante una petición de destitución de integrantes de los ayuntamientos y, en su caso, integrar la solicitud para enviarla al Congreso local para su votación en Pleno, por lo que de momento no hay efectos legales en la intención del síndico y regidores de El Oro.
Alberto Dzib, corresponsal / JJ
