Ciudad Victoria.- Al menos 15 órdenes de aprehensión vigentes fueron giradas en Tamaulipas contra exfuncionarios, incluidos exsecretarios y personal de alto nivel de la pasada administración estatal, confirmó el fiscal anticorrupción Eduardo Govea Orozco, quien añadió que ya se trabaja en su localización.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó hasta ahora cerca de 20 casos, en los cuales 15 personas han sido vinculadas a proceso, mientras que en las nuevas carpetas que se integran podría haber al menos ocho funcionarios implicados.
Govea Orozco indicó que las investigaciones han abarcado tanto a la administración anterior como a casos en curso del actual gobierno, concentrándose en temas de obras públicas, programas de bienestar social y manejo de recursos de las pensiones de los trabajadores.
El fiscal reveló que, de acuerdo con las indagatorias, el monto de los recursos públicos desviados asciende aproximadamente a 500 millones de pesos, sin contar otros 2,500 millones robados de fondos de pensiones que hasta ahora no han sido recuperados.
En entrevista, el titular del órgano anticorrupción explicó que “en el avance del proceso de algunos de esos asuntos, como el de Bienestar, hay casos que podrían implicar montos superiores a los 300 millones de pesos por concepto de reparación del daño”.
Las carpetas judicializadas, afirmó, forman parte de los asuntos “de mayor trascendencia”, aunque aclaró que “todos los asuntos deben tener la misma importancia”. Sin embargo, se prioriza los que han generado mayor impacto público y daño al erario”
Actualmente, la fiscalía se encuentra a la espera de que el Poder Judicial fije nuevas fechas para audiencias, mientras que, en casos donde los implicados no han acudido a comparecer, se ha optado por solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.
Govea Orozco adelantó que su equipo continúa trabajando para judicializar más casos relacionados con dependencias clave, entre ellas la Secretaría de Bienestar Social, como parte de una estrategia que busca desmantelar redes de corrupción institucionalizadas.
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