México.- Del 1º de enero al 30 de junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, emitió 100 sanciones a 97 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal o de las entidades que ejercieron recursos federales, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores y Contratistas (SANC).
Así en el primer semestre del 2022, se impusieron multad por un monto total de 114.49 millones de pesos, cuya gestión de cobro corresponde al Servicio de Administración Tributaria. Además, de que la vigencia de las inhabilitaciones que impone la SFP está sujeta al pago de la multa correspondiente y no solo a que transcurra el plazo impuesto.
Mediante un comunicado la dependencia informó que la principales conductas que provocaron las sanciones fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves y la no formalización de contratos adjudicados.
Con corte al 18 de julio, las sanciones incluyen 76 inhabilitaciones a 73 personas físicas y morales, con periodos que van de los 3 meses a los 3 años 9 meses. En estos casos, las circulares de inhabilitación impuestas, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo establecen las leyes en materia de contrataciones públicas.
De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la SFP es la institución encargada de sancionar a los licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan dicha normativa.
Con las acciones de sanción por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas, celebrados en el sector público y cuya fuente de financiamiento sea recurso federal, la SFP coadyuva a prevenir la corrupción, no permitir la impunidad y promover la eficacia gubernamental.
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