Sergio Perdomo, reportero
México.- Esta ley Impide el acceso de las personas agresoras familiares y domésticas, acosadoras sexuales y deudoras alimentarias a cargos públicos.
Por lo anterior el INE celebra que, con la aprobación por parte del Congreso de Zacatecas, se alcanzó el número de Legislaturas necesarias para incluir en la Constitución la “3 de 3 contra la violencia” que establece que las personas que tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosocial, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declaradas deudoras alimentarias morosas, no podrán ser candidatas a cargos de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución fue aprobado ya por 17 congresos de los estados y entrará en vigor una vez que el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realice la declaratoria de Reforma Constitucional para que después sea promulgada por el Titular del Ejecutivo Federal.
Esto permitirá al INE garantizar que personas violentadoras no sean registradas como candidatas en los procesos electorales y, por lo tanto, no accedan a un cargo de elección popular. El INE ratifica su compromiso de combatir y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género para, con ello, garantizar efectivamente los derechos políticos y electorales de las mujeres, fortaleciendo así la democracia.
Los congresos estatales que avalaron la reforma conocida como “3 de 3 contra la violencia” son:
Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Yucatán, Ciudad de México, Coahuila, Durango. Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California y Morelos. El INE hace votos para que los congresos estatales sigan con el proceso de armonización legislativa necesaria para adecuar los marcos normativos y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
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