México.- Este miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a la presunción de inocencia, y la aplicación del arraigo, así como de la prisión preventiva oficiosa en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
Ambas personas fueron acusadas en 2002 del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez.
En su sentencia el tribunal ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa y reiteró su pronunciamiento de dejar sin efecto las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre procesal, ya que ambas son contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Al respecto, el Estado Mexicano respondió que analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos.
Asimismo, México reiteró su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.
Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, y Reyes Alpízar el 25 de octubre de ese mismo año. Luego de su detención, y de ser interrogados, esos mismos días fueron decretadas medidas de arraigo que implicaron su confinamiento por 47 y 34 días, después las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años.
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