Sergio Perdomo,
México.- La iniciativa que promovió el presidente, Andrés Manuel López Obrador para sancionar el uso indebido de drones se aprobó por 419 votos a favor, y 23 abstenciones con lo cual se busca castigar hasta con 53 años de cárcel el uso de drones en contra de bienes o servicios públicos o privados o producir alarma o terror en la población.
Legisladores señalaron que, en los últimos años, grupos delincuenciales han utilizado drones para cometer ilícitos. Así el pleno de los diputados dio luz verde el dictamen de la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador que sanciona el uso de drones por parte del crimen organizado. Las reformas al Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos buscan castigar a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas en contra de bienes, servicios, integridad física o vida de las personas.
Perfila hasta 53 años de prisión y multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Uma para quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para, entre otros hechos, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella o bien para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
Prevé cárcel de 10 a 20 años para quien mediante drones arroje objetos o artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que solas o combinadas puedan ser empleadas como explosivos sobre personas o bienes o busquen causar daño. Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena de prisión aumentará hasta los 30 años.
Cuando se cometa por una persona servidora pública de alguna corporación policial, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. El dictamen establece prisión de 5 a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas u otros materiales.
También, se impondrá de tres a 10 años de prisión, decomiso de los aparatos, equipos y objetos producto del delito a quien utilice drones para vigilar a servidores públicos para reportar su ubicación para evadirlos o agredirlos o bien para fotografiar, grabar audios o video. La reforma determina el aumento de las penas hasta 20 años cuando el bien afectado pertenezca o este destinado a las fuerzas armadas, seguridad nacional o seguridad pública.
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