Fuente: Jorge Sánchez, reportero
México.- Luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, atender las impugnaciones a leyes hechas en 2018 antes que pronunciarse a las acciones jurídicas impuesta a la reforma secundaria en materia electoral mejor conocida como Plan B, por unanimidad el pleno del máximo tribunal determinó que no es factible atender dicho requerimiento.
El Alto Tribunal, informó que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sometió a consulta de las y los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.
El Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social).
Asimismo, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
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