Cuauhtémoc Tovar, corresponsal
San Luis Potosí, SLP. – A escasos días de la elección judicial más grande en la historia del país, una cifra ha encendido las alarmas: de los más de 2.1 millones de ciudadanos potosinos que podrán votar este 1 de junio, apenas 20 mil personas han ingresado a la plataforma “Conóceles” para informarse sobre los perfiles de los más de 3 mil 400 aspirantes al Poder Judicial.
La proporción es escandalosa: menos del uno por ciento de los votantes ha hecho uso de la herramienta que el propio Tribunal Electoral del Estado promovió para incentivar el voto informado. La plataforma, disponible desde el 20 de abril, apenas ha logrado captar la atención de uno de cada 100 potosinos.
El Instituto Nacional Electoral estima que más de 2 millones 123 mil ciudadanos en San Luis Potosí están en posibilidad de participar en esta elección que, por primera vez, permitirá votar directamente por quienes ocuparán cargos como juezas, jueces, magistradas y magistrados en distintas materias.
Pero la falta de difusión, las complicaciones para entender el proceso y el desinterés creciente entre la ciudadanía podrían convertir esta elección en un ejercicio de legitimidad cuestionable.
❝Una elección de jueces sin ciudadanos informados puede convertirse en una tómbola❞.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que la falta de participación informada abre la puerta a manipulación y votos guiados por propaganda o “acordeones” promovidos por actores políticos. Mientras tanto, los 60 días de campaña concluyeron sin que la mayoría de la población se enterara siquiera de cómo y por qué votar.
Además, a pesar de que se eligen cargos de alto impacto en el sistema de justicia, las autoridades han fallado en explicar claramente las implicaciones de esta elección inédita, donde se definirán desde cargos en tribunales estatales hasta jueces en materia familiar, penal, civil y administrativa.
El riesgo, advierten analistas, es que la combinación de apatía, desconocimiento y escasa información oficial derive en un proceso que no logre su objetivo de acercar la justicia al pueblo, sino que lo aleje aún más por su opacidad.
Cabe señalar que el vocero del Arzobispado potosino, Tomás Perales Cruz, denunció públicamente que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a la Iglesia Católica emitir cualquier opinión relacionada con la elección extraordinaria del Poder Judicial, a celebrarse este domingo 1 de junio.
Con visible molestia, Perales Cruz calificó la medida como un acto de censura y una clara violación al derecho a la libertad de expresión, al impedirle incluso hacer un llamado a la participación ciudadana. “Nosotros estamos amordazados, no tenemos derecho a opinar”, lamentó.
JJ
