Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Con 29 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta iniciativa propone una transformación estructural del marco regulatorio del sector, incluyendo la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como nueva autoridad reguladora.
Entre los puntos más relevantes destaca la eliminación del controvertido artículo 109, que habría permitido el bloqueo temporal de plataformas digitales.
Según los legisladores, suprimir dicho artículo responde a preocupaciones por posibles actos de censura y garantiza la libertad digital.
En su lugar, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos, para asegurar el cumplimiento del marco legal nacional.
Uno de los pilares de esta ley es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica y operativa, encargado de resolver, supervisar y dictar lineamientos regulatorios con base en criterios técnicos y pluralidad institucional.
Esta estructura colegiada estará compuesta por cinco comisionados, que serán propuestos por la presidenta de la República y ratificados por el Senado.
Los partidos políticos fijaron postura.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, acusó que hace 64 días se presentó con carácter de urgente una reforma a la Ley de Telecomunicaciones con el pretexto de retirar del aire spots del gobierno de Estados Unidos, que supuestamente denigraban a migrantes mexicanos, pero en realidad se trataba de una nueva ley de casi 250 páginas que, según él, buscaba introducir mecanismos de censura y concentración de poder.
Anaya afirmó que, aunque el dictamen ha sido modificado y se eliminaron artículos polémicos como el 109 (bloqueo de plataformas), 201 y 202 (censura previa), y los artículos 56-58 (violatorios del T-MEC), aún persisten tres temas críticos:
“La creación encubierta de un padrón de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial (ahora en el artículo 183) y la posibilidad de suspender transmisiones bajo el argumento ambiguo de “derechos de las audiencias”.
Hay tres asuntos que ya detectamos que son muy graves y que, si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior.
Insistió que su impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los tres cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de los Senadores”, dijo.
Sin embargo, José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y senador de Morena, destacó que el nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es resultado de un proceso legislativo inédito, que incluyó cinco conversatorios públicos con participación de expertos, concesionarios, pueblos originarios, personas con discapacidad y legisladores de todos los partidos.
El documento, dijo, garantiza acceso universal a internet, fortalece el pluralismo, la libertad de expresión y la participación estatal en el sector.
“Se fortalece el pluralismo, la libertad de expresión, se fortalece el derecho a la información, separando con precisión las competencias regulatorias y garantizando la participación activa del Estado en la política pública del sector”, aseguró.
Además, señaló que la reforma reconoce derechos de comunidades históricamente marginadas, permite sostenibilidad de medios comunitarios y elimina facultades a Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Bárrales, reconoció que el nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones representa avances significativos frente a la iniciativa original.
Entre los cambios positivos destacó la eliminación del artículo 109 que permitía bloquear plataformas digitales, la reducción de atribuciones a la Agencia de Transformación Digital, nuevos candados al acceso de datos personales y la reserva de intervención de comunicaciones sólo con orden judicial.
“Queremos reconocer públicamente el esfuerzo, los agobios del senador Javier Corral, que lo vimos constantemente en este esfuerzo por incorporar todas estas voces, por tratar de escuchar todos estos planteamientos, de recogerlos. Hay que celebrar esa actitud. Sobre todo, celebrar que estoy convencida que en este esfuerzo el Senado está realmente haciendo política. Escuchar, tolerar, incluir, no tener acuerdo en muchos temas, pero me parece que ese es parte del oficio que debiéramos, ojalá, ir recuperando cada vez más en este Senado”, destacó.
Aunque dijo que el dictamen no resuelve todos los temas, Bárrales celebró el esfuerzo de apertura y diálogo, y confió en que su grupo parlamentario podría respaldarlo en la votación final tras una revisión completa.
La senadora priista Claudia Anaya advirtió que el dictamen contiene disposiciones inconstitucionales, a pesar de que corrige otras previamente señaladas.
Celebró que se haya trasladado la regulación del agente económico preponderante a la Comisión Nacional Antimonopolios, pero cuestionó que esta sea un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, lo que limitaría su autonomía y generaría conflictos legales en su integración, pues el Senado no tiene facultades constitucionales para nombrar a sus comisionados.
“Aquí es donde meten la inconstitucionalidad. Nosotros para poder nombrar o ratificar, tomar protesta o destituir, tenemos que tenerlo entre las facultades del Senado, las que nos marca el 76 constitucional. Nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estaríamos cometiendo un acto inconstitucional”.
Anaya también alertó sobre riesgos en temas de interconexión sin garantías de seguridad, cuestionó la competencia desleal del internet subsidiado por el Estado a través de Altán, y criticó la falta de consulta a pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Esta reforma deriva de una modificación constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024, que extingue al IFT y transfiere sus funciones al Ejecutivo Federal.
La ATDT será responsable de formular, aplicar y supervisar políticas en telecomunicaciones, radiodifusión, uso del espectro radioeléctrico, y acceso a infraestructura tecnológica.
La iniciativa también propone digitalizar y simplificar los trámites relacionados con infraestructura, y establece mecanismos innovadores como esquemas de uso compartido del espectro, entornos de prueba (sandboxes regulatorios) y redes inteligentes, para facilitar la adopción de tecnologías emergentes y mejorar la conectividad, especialmente en zonas marginadas.
Además, se establecen nuevos regímenes de concesiones y constancias de registro, diferenciando entre usos comercial, social, privado y público.
Se promueven las concesiones comunitarias y de pueblos indígenas, y se fortalece la figura del radioaficionado como actor clave en emergencias.
La ley también incorpora un marco específico para la regulación de la comunicación satelital, incluyendo el control del uso de recursos orbitales y el manejo de desechos espaciales, y reconoce el papel de la transformación digital en sectores como la industria, logística y servicios públicos.
La propuesta busca cerrar la brecha digital y transformar las telecomunicaciones en un servicio público universal, garantizando el acceso equitativo a internet de banda ancha, reconociendo la conectividad como un derecho habilitador de otros derechos fundamentales.
El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para los efectos legislativos y se espera que sea llevada al pleno en una sesión programada para este sábado.
JJ
