Gerardo Cedillo, reportero
México.- En reunión privada con cuatros de cinco magistraturas que conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reclamó la falta de piso parejo en la contienda electoral de cara a los comicios del 2 de junio.
La abanderada de la oposición argumentando que su candidatura se vio afectada desde un principio por ataques directos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales, cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. Y todo eso, pues el presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo, esto no hay piso parejo”.
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La representante del PRI, PAN y PRD a su salida de la reunión en las oficinas del Tribunal fue cuestionada sobre la respuesta que le dieron los magistrados.
“Están conscientes, han emitido las medidas cautelares, ellos dicen bueno, nosotros hemos reaccionado, nos sugieren una reforma constitucional para la siguiente elección donde se pueda sancionar a los funcionarios públicos, pero de qué nos sirve”.
En audiencia solicitada por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México participaron la magistrada presidenta, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón.
Acompañaron a Gálvez su coordinador de campaña, Santiago Creel; el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano; y otros miembros de su equipo de campaña como Kenia López Rabadán, Ángel Ávila y Raymundo Bolaños.
Momentos antes del encuentro, el magistrado De la Mata Pizaña explicó que la ley no provee al Tribunal con herramientas para sancionar a los candidatos o políticos que infrinjan la ley.
En el caso del Presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado más de 20 medidas cautelares o jalones de oreja en su contra desde que inició el periodo electoral en septiembre por su intromisión.
Luego de presentar su propio mapa de riesgos la semana pasada, este lunes durante la reunión con magistrados la coalición presentó un juicio por omisión contra el INE, a quien desde el 2021 se le ordenó crear un mapeo similar tras la anulación por intromisión del crimen organizado de algunas casillas en las elecciones gubernamentales de Michoacán y Tamaulipas.
Sobre este tema, el coordinador de la campaña, Santiago Creel, explicó que se pide llevar a cabo dos acciones en la contienda:
“En las secciones donde existe potencialmente violencia extrema o violencia alta, estamos pidiendo dos cuestiones. Primero, una presencia de la fuerza pública municipal, local y federal días antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y que acompañen a los paquetes donde van a radicarse y a custodiarse y estar dentro de la custodia de los paquetes electorales. Primer punto.
“Segundo punto, que en esas secciones de alta potencialidad de violencia se atraiga la operación electoral por parte del INE y no de las OPLES, es decir, hacer un ejercicio de atracción que además se puede. Y quiero decirles que, en el mapa del riesgo, la atracción igualmente está ya ordenada. En el caso de Michoacán se estableció un criterio, está ordenada al INE. Entonces, estamos en este juicio electoral y estamos haciéndole notar al Tribunal Federal, a la sala superior, que hubo un incumplimiento por parte del INE”, agregó.
Cabe recordar que la semana pasada, la coalición presentó su propio mapa de riesgos donde se instalarán las casillas electorales este próximo 2 de junio.
El mapa, indica que existe un nivel de riesgo de 29% en toda la República, 19.96% es alto y 8.90% medio.
Los estada con más focos rojos y naranjas son: Quintana Roo (93.06%), seguido por Tabasco (85.79%), Guerrero (83.57%), Zacatecas (79.23%), y Veracruz y la Ciudad de México, con más del 50% cada uno.
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