México.- El Senado recibió la iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que impone una pena de prisión de hasta 70 años a quien cometa el delito de feminicidio, elimina beneficios legales para los agresores y establece la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, informó que se recibió esta iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución.
Una Ley General en Materia de Feminicidio para homologar criterios
La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, con el objetivo de homologar tanto la investigación como la tipificación de este delito en todo el país, ante las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales.
Castillo señaló que esta iniciativa será analizada por el Senado como parte de los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico en la protección de las mujeres y garantizar justicia en los casos de violencia de género. Asimismo, subrayó que la reforma permitirá avanzar hacia una legislación uniforme que contribuya a erradicar la impunidad y a consolidar mecanismos más eficaces para la atención de este delito.
“La analizaremos como una propuesta fundamental que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”, expresó.
Penas de hasta 70 años y cero beneficios para los agresores
El eje central de la iniciativa no solo es punitivo, sino estructural: busca cerrar vacíos en la investigación, homologar criterios a nivel nacional y garantizar reparación integral a las víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
El elemento más relevante del proyecto es que rompe con la discrecionalidad en la persecución del delito, al establecer que:
- No habrá excusas absolutorias ni atenuantes para feminicidas.
- El delito será imprescriptible, al igual que la sanción y la reparación del daño.
- No proceden beneficios legales como amnistías, libertad condicionada o conmutación de penas.
La iniciativa establece:
- Penas de 40 a 70 años de prisión.
- Multas de hasta 2 mil UMAs.
- Incremento de la pena hasta en una mitad cuando existan agravantes.
Entre los agravantes destacan:
- Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
- Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Que el agresor sea servidor público.
- Que existan actos de extrema violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Investigación obligatoria con perspectiva de género desde el primer momento
El proyecto también busca terminar con la disparidad legal entre estados al establecer un tipo penal único, definiendo feminicidio como: “Privar de la vida a una mujer por razones de género”.
Entre estas razones se incluyen:
- Violencia sexual
- Antecedentes de violencia
- Relaciones de poder asimétricas
- Estereotipos o prejuicios
- Condiciones de vulnerabilidad como embarazo, discapacidad o edad
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que:
- Toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio desde el inicio.
- El Ministerio Público actúe de oficio e inmediatamente.
- Se utilice perspectiva de género y protocolos especializados.
Además:
- Se deberán analizar antecedentes de violencia aunque no existan denuncias previas.
- Se prohíbe el uso de estereotipos de género en la investigación.
- La FGR emitirá un Protocolo Nacional Homologado.
Reparación integral y protección para víctimas indirectas
Más allá de la prisión, la ley contempla consecuencias civiles y administrativas como la pérdida de patria potestad, custodia y derechos sucesorios, así como la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
El proyecto pone énfasis en las víctimas indirectas, con medidas como:
- Atención médica y psicológica inmediata.
- Asistencia jurídica gratuita.
- Acceso a la verdad y justicia.
- Seguridad social para menores en orfandad.
La reparación del daño deberá ser integral, rápida, efectiva y transformadora, no solo compensatoria. Finalmente, la ley propone un andamiaje institucional que incluye la creación de un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio, integración de datos con fiscalías e INEGI, y el fortalecimiento de refugios y centros de atención.
JJ
