Comunicado
Ciudad de México.- Juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México no han negado una sola orden de protección solicitada por mujeres víctimas de violencia, enfatizó el presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien informó que del 1 de enero al pasado 20 de febrero se han emitido 2,660 a favor de ellas.
En el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, destacó el intercambio de información que hay entre el órgano judicial capitalino y la Fiscalía de Justicia, al subrayar la importancia de la colaboración entre poderes, y al recordar la presencia del magistrado, dos veces por semana, en el gabinete de seguridad.
El magistrado, quien se refirió en su discurso a Batres Guadarrama como uno de los mejores políticos de la ciudad y del país, enfatizó que el PJCDMX refrenda su compromiso con una conciencia abierta a la perspectiva de género, a detectar asimetrías, a rechazar estereotipos y a reivindicar el imbatible poder del humanismo en el servicio público.
En las instalaciones de la Línea 2 del Cablebús, afirmó que las mujeres víctimas de violencia representan historias de carne y hueso con nombre y apellido, las cuales “están en nuestra mente” e inspiran la impartición de justicia del Siglo XXI: un servicio público profesional, vigente y con perspectiva de género.
Con la presencia del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López; de la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, y del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, entre otros, el magistrado aseguró que el órgano judicial capitalino aspira a ser una institución que aprovecha los recursos de la era de la información, asertivo, cotidiano y con un decidido rostro de humanidad.
Informó que de las 2,660 medidas de protección dictadas por jueces del PJCDMX; 2,474 fueron relativas a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, y 186 al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Respecto las primeras, detalló que las más emitidas fueron: prohibición de la persona agresora de intimidar o molestar por sí o por cualquier medio a la mujer en situación de violencia, y en su caso a hijas e hijos u otras víctimas indirectas o personas testigos de los hechos, con 683; prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o persona ofendida, con 550, y prohibición de asistir o acercarse al domicilio de la víctima de la víctima directa o indirecta o a su trabajo con 455.
En relación a las establecidas en el CNPP, abundó en que 88 fueron prohibiciones de acercarse o comunicarse con la víctima o persona ofendida; 84 limitaciones para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o persona ofendida, y 14 separaciones inmediatas del domicilio.
Guerra Álvarez insistió en que para la institución a su cargo las voces de las mujeres víctimas de la violencia tienen significado y se traducen en cambio positivo de la realidad; refrendó que el PJCDMX acepta su responsabilidad y atesora la oportunidad de cumplir su mandato constitucional.
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