Jorge Sánchez, reportero
Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, aplica el Protocolo para la Atención a Personas con Discapacidad Psicosocial o Intelectual en el Ámbito de la Administración de Justicia, cuyo objetivo es que las y los impartidores de justicia cuenten con los elementos necesarios para dar una adecuada atención a los integrantes de ese sector de la población, a fin de generar espacios seguros y libres de discriminación.
Aprobado y emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el documento actualiza el Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad que data de 2019, como respuesta institucional a los cambios que en los últimos años se han generado en el entendimiento y garantía de la protección de los derechos de las personas que enfrentan una discapacidad psicosocial o intelectual.
“Reconocemos que el Poder Judicial de esta ciudad debe superar obstáculos de acceso, comunicación y entendimiento; por ello, es precisó entender que la lucha contra la discriminación se ganará si se abren los cauces de la justicia en condiciones de igualdad”, afirma el magistrado Guerra Álvarez en el prólogo del protocolo.
De los aspectos más novedosos que se incluyen en el protocolo, está la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción, así como el cambio de paradigma en materia de derechos de personas con discapacidad previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Además, el documento enuncia las bases de las figuras denominadas “ajustes razonables” y “ajustes al procedimiento”, en aras de coadyuvar en la construcción de una sociedad inclusiva, donde las personas con discapacidad psicosocial o intelectual sean verdaderas titulares de derechos y contribuyentes activos de la vida social, económica y política.
“Es necesario puntualizar que la actualización del protocolo no se direcciona a aspectos procesales o procedimentales ni de accesibilidad al espacio físico, sino que su enfoque se orienta a las posibles barreras derivadas de la labor judicial cotidiana que realizan las personas servidoras públicas, especialmente las que imparten justicia…”, precisa el protocolo.
Dentro de los objetivos señalados en el protocolo, se puntualiza que se contribuirá a que las y los juzgadores, además de actuar con independencia, imparcialidad, autonomía y respeto, cuenten con mejores herramientas para juzgar con perspectiva de derechos humanos, sin menoscabo de que atiendan las recomendaciones y buenas prácticas referidas en instrumentos internacionales, nacionales y locales en la materia, y siempre “respetando y validando los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual”.
Dividido en 10 apartados, el documento cuenta con una sección de glosario en el que se precisa qué son la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, la discapacidad psicosocial, la inimputabilidad, la interdicción y las personas en situación de vulnerabilidad, entre otras definiciones.
Contiene secciones relativas a la discapacidad desde una visión en pro de los derechos humanos, el acceso a la justicia de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, e incluso retoma aspectos del Prontuario de Lenguaje Incluyente elaborado por el órgano judicial capitalino.
Por otra parte, contiene recomendaciones generales para la atención a personas con discapacidad psicosocial o intelectual, y define el papel de las personas consultoras técnicas, como profesionales imparciales que identifican barreras y proponen ajustes razonables, así como apoyos para garantizar igualdad de condiciones en los procedimientos jurisdiccionales.
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