Ciudad de México.- El estudio Hallazgos Ciudad de México –la más reciente evaluación al sistema de justicia penal de México Evalúa– muestra que el Índice de Impunidad Estatal (IIE) en 2020 fue de 98.5%, casi cuatro puntos porcentuales por arriba del promedio nacional. Esto representa un aumento respecto a 2019, cuando se ubicó en 97.7%.
De acuerdo con las cifras de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la Ciudad de México se cometieron 198,159 delitos durante el 2020, de los cuales se recibieron 204,025 denuncias y se iniciaron carpetas de investigación para el 100% de estas, lo que coloca a la Ciudad de México por encima de la media nacional de apertura de carpetas de investigación, que es de 93.1%.
“Para garantizar el acceso a la justicia el personal no sólo debe estar capacitado, sino que también debe integrarse con el número suficiente de personas para cubrir las necesidades de la población. El número de ministerios públicos, jueces, defensores públicos y peritos en funciones tiene un impacto significativo en la calidad del sistema, sobre todo en lo que toca a la prontitud en la procuración de justicia”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
La Ciudad de México reportó contar con 269 asesores de víctimas, por lo que en promedio cada asesor brindó asesoría a 289 víctimas durante 2020, lo que se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 144 víctimas por asesor. Por su parte, la Defensoría Pública de la Ciudad de México, representó a un total de 56,127 de imputados en proceso penal, por lo que cada uno de los 429 defensores públicos que operan en la ciudad, representó en promedio a 131 imputados.
“La cantidad de población de la Ciudad de México sumada a la creciente incidencia delictiva, impiden que la infraestructura institucional sea suficiente y dificultan la cobertura total de los operadores. Por ello es importante establecer estratégicamente centros de atención desde determinados puntos geográficos, y generar mecanismos tecnológicos que mejoren el acceso a la justicia”, comentó Enrique Bouchot, investigador de México Evalúa.
Respecto a la población privada de la libertad de la entidad, el análisis muestra que el 29.6% son personas a las que se les dictaminó prisión preventiva, por lo que están en prisión sin tener aún una sentencia; mientras el 70.4% son personas que ya están sentenciadas.
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