México.- La batalla por el servicio entre taxistas y plataformas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha derivado en filas interminables y viajeros confundidos.
Los taxis de base acusan competencia desleal solapada por la administración de la terminal aérea y pugnan por tener la exclusividad de los servicios de transporte, mientras que las empresas tecnológicas defienden la libertad de los usuarios de elegir la opción que prefieran.
Incumplimiento de la Ley Federal y corrupción
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que el transporte de turismo, servicios, entre otros, que desee ingresar a puertos y aeropuertos deberá contar con placas federales, el chofer deberá tener una licencia federal, tarjeta de circulación y realizarse un examen médico que avale sus facultades como operador del vehículo. Sin embargo, dicha ley no se cumple debido a la corrupción que prevalece en la terminal aérea y “la falta de interés por parte de la Presidencia de la República para atender el problema que surgió con la llegada de la Secretaría de Marina”, denuncian permisionarios del servicio de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los trabajadores del volante, que no descartan bloqueos como medida de presión para que el gobierno federal intervenga y devuelva a la Guardia Nacional (GN) la vigilancia del AICM, denuncian que los marinos, a cambio de dádivas, permiten a las empresas de aplicaciones operar en la terminal aérea, violando la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
“Debería conocer e investigar las violaciones que se realizan a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en la terminal aérea capitalina”, demandan los permisionarios del servicio de taxis.
A través de un comunicado, los afectados especifican que, no obstante que el artículo ocho de dicha ley especifica que es necesario un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que un servicio de taxi pueda hacer explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo en los aeropuertos del país, se ha permitido dicho derecho a los taxis de aplicación de forma burda y flagrante.
Llamado a la SSPC e impacto fiscal
Por lo anterior, y ante la inacción de alguna autoridad federal hasta el momento, los permisionarios hacen un urgente llamado al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para que revise este caso e intervenga para considerar una investigación sobre lo que sucede internamente en el AICM con la Marina.
Destacaron que permitir e incluso fomentar la participación de los taxis de aplicación en Zonas Federales, como lo son los aeropuertos, además de violar gravemente la LCPAF, genera incluso graves pérdidas fiscales al país, ya que los taxis de aplicación evidentemente no realizan ningún pago de servicios aeroportuarios por el acceso a zonas federales, lo que se constituye en un “hoyo fiscal” para la federación que cada vez se hace más grande.
Señalan que la Secretaría de Marina tiene actualmente a su cargo la administración del llamado Grupo Aeroportuario Casiopea, conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros como los de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Matamoros, Colima y Loreto.
Prueba de la violación a la ley de Autotransporte Federal, aseguran los permisionarios, es que en una reciente solicitud de información hecha por parte de la empresa mayoritariamente estatal denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V., a la Unidad de Transparencia del aeropuerto del mismo nombre, se confirmó que, efectivamente, la Ley únicamente permite el servicio de carga y pasaje a las empresas que tienen un permiso para operar en Zonas Federales, el cual evidentemente no posee ninguna unidad de los taxis de aplicación.
Debido a lo anterior, los permisionarios de taxis del aeropuerto de la capital mexicana consideran que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puede tener facultades para investigar la falta de cumplimiento a la ley e incluso el daño fiscal generado por estos actos de corrupción permitidos por la administración de la Secretaría de la Marina en el AICM.
Finalmente, solicitaron nuevamente el retorno de la Guardia Nacional para establecer orden en el tránsito del Aeropuerto, ya que la actual policía ordenada por la Marina ha aceptado abiertamente que tiene instrucciones de permitir el paso de taxis de aplicación, violando con ello la legislación mexicana vigente.
JJ
