CDMX.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó evidencias y documentos que desmienten a autoridades del gobierno de la CDMX sobre el caso de la tragedia que dejó un saldo de tres trabajadores muertos y uno más lesionado al colapsarse un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, ocurrida en marzo del 2026.
En conferencia de prensa, Rojo de la Vega sostuvo con documentos oficiales en mano que el gobierno capitalino ha politizado el caso y miente para evadir su responsabilidad en la tragedia.
La funcionaria presentó documentos para deslindar a la alcaldía y señaló directamente a la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX y a la Secretaría de Vivienda por autorizar la demolición de manera irregular.
Informó que, así como esa obra, hay varias en la demarcación donde prevalece la falta de supervisión en demoliciones.
Afirmó que actualmente, en la alcaldía Cuauhtémoc hay 17 demoliciones con acuerdo de facilidades otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México —como en el caso del edificio en demolición de San Antonio Abad— de las cuales, en seis, no se le ha permitido a la alcaldía hacer verificaciones.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Que porque tienen acuerdo de facilidades, solo el gobierno de la ciudad, solo ellos, aquí están los oficios y las pruebas (…). No nos dejaron verificar seis de esas 17 obras con acuerdos de facilidades porque nos dijeron básicamente que no nos toca, que no nos metamos en lo que no nos toca”, dijo.
Explicó que para que un inmueble tenga acuerdo de facilidades deben ser edificios dañados por los sismos de 2017, por lo que advirtió del riesgo de estos inmuebles.
“Este acuerdo de facilidades, escuchen bien, es una excepción a la ley, para aquellos que hablan de la Constitución y de temas que no saben. El gobierno de la ciudad decide, donde el gobierno de la ciudad autoriza, donde el gobierno de la ciudad controla. Que quede muy claro, cuando se utiliza este acuerdo de facilidades, se coloca por encima de las reglas normales (…). Por eso es tan grave, porque no solo autorizaron, decidieron hacerlo bajo un esquema donde toda la responsabilidad era de ellos“, indicó.
La edil dio a conocer que su administración detectó 10 riesgos “graves” por los que la demarcación negó la demolición del edificio, mismos que fueron notificados a la empresa.
“Ahí están los riesgos, lo dijimos de frente, era inseguro, los riesgos eran altos. La alcaldía de Cuauhtémoc, asumida, responsable y pensando en la vida de las personas”, afirmó.
Puntos clave de la denuncia realizada tras el colapso
Denegación de Permisos por la Alcaldía
Rojo de la Vega aseguró que la administración de la alcaldía Cuauhtémoc negó el permiso para demoler el edificio por falta de medidas de seguridad, pero la Comisión para la Reconstrucción autorizó los trabajos sin contar con un programa de Protección Civil adecuado.
Acusaciones contra el Gobierno Central
La alcaldesa sostiene que el Gobierno capitalino, bajo un “Acuerdo de Facilidades“, permitió que la obra continuara ignorando las irregularidades, calificando el hecho como “negligencia criminal“.
Controversia por las Víctimas
Denunció que el sobreviviente del derrumbe fue dado de alta del hospital en condiciones delicadas, poniendo en duda el seguimiento médico y la transparencia en el manejo del caso.
Rojo de la Vega afirmó que la alcaldía no está obligada a revisar la seguridad de las demoliciones autorizadas por el gobierno central y exigió justicia por las víctimas del derrumbe.
El inmueble en cuestión se encontraba identificado con daños desde el sismo de 2017, por lo que desde 2018 quedó dentro del universo de edificaciones atendidas por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, instancia creada por el propio gobierno capitalino para atender los inmuebles afectados por ese fenómeno.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2025 se publicó en la Gaceta de la Ciudad un reglamento que establece “acuerdos de facilidades administrativas” para obras vinculadas con el proceso de reconstrucción. Dicho mecanismo permite a las empresas eximirse de diversos trámites y requisitos, entre ellos el programa en materia de protección civil.
Cuando la empresa responsable del inmueble acudió a la Alcaldía Cuauhtémoc para solicitar permiso de demolición, la autoridad local previno y negó la autorización, al considerar que las condiciones presentadas para la demolición no garantizaban la seguridad necesaria. Esta determinación consta en los oficios correspondientes.
Tras esta negativa, la empresa acudió a la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, instancia que forma parte del sistema de reconstrucción, y obtuvo autorización mediante el mecanismo de acuerdo de facilidades previsto en el reglamento publicado en 2025.
Fue a partir de esa autorización que la empresa pudo iniciar los trabajos de demolición que derivaron en la tragedia ocurrida recientemente.
En este contexto, la alcaldía considera preocupante que, habiendo autorizado dichos trabajos mediante ese mecanismo, funcionarios del gobierno central pretendan deslindarse de responsabilidades y atribuirlas a otras autoridades, cuando la propia alcaldía había advertido previamente sobre los riesgos de la demolición.
La Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con todos los oficios que acreditan la negativa inicial al permiso de demolición, así como documentos en los que autoridades del Gobierno de la Ciudad han impedido en otros casos la verificación de inmuebles que fueron acogidos a estos acuerdos de facilidades, impidiendo que la Alcaldía revise las condiciones de estas construcciones en donde puede estar en riesgo la seguridad de los vecinos.
Asimismo, existen comunicaciones oficiales en las que se informa a la alcaldía que el personal del Instituto de Verificación Administrativa ha sido reducido en aproximadamente 50 por ciento, además de señalar limitaciones materiales para acompañar verificaciones solicitadas por la demarcación.
La alcaldía reitera que la supervisión de estas obras es un trabajo que debe realizarse de manera coordinada entre distintas autoridades, por lo que resulta fundamental revisar los mecanismos que actualmente rigen el proceso de reconstrucción.
Finalmente, la Alcaldía Cuauhtémoc considera indispensable revisar y reformar el reglamento que regula las facilidades administrativas de la Comisión de Reconstrucción, a fin de evitar que se eliminen requisitos de seguridad fundamentales y prevenir que tragedias como esta vuelvan a repetirse.
Finalmente criticó las difamaciones de que es objeto a diario.
“Me difaman todos los días. Gastan miles de pesos en volantes y mentiras, ahora lucrando con la tragedia de San Antonio Abad”, enfatizó Alessandra Rojo al señalar que así opera Morena cuando no puede ganar con resultados.
jj
