México.- Especialistas y organismos internacionales plantearon la necesidad de actualizar el marco laboral en México para integrar a migrantes y refugiados, mediante la certificación, revalidación y actualización de capacidades.
Al advertir un déficit creciente de talento en sectores estratégicos y una transformación estructural de la migración en el país, los expertos coincidieron en que la integración plena de personas migrantes al mercado laboral mexicano no solo es una obligación en materia de derechos humanos, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la productividad, la competitividad y la cohesión social.
El nuevo rol de México como país de destino y oportunidades
En el marco del foro “Trabajo sin fronteras: reforma laboral para la inclusión y la igualdad”, organizado por el Senado de la República, Dana Graber-Ladeck, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, subrayó que nuestro país ha dejado de ser únicamente origen y tránsito para convertirse también en territorio de destino, lo que exige una actualización del marco normativo.
Expuso que, en coordinación con ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OIM ha trabajado en propuestas para actualizar la Ley Federal del Trabajo y otros mecanismos normativos, a fin de reconocer formalmente las competencias y capacidades de las personas en contexto de movilidad e impulsar su integración efectiva al empleo formal.
Déficit de talento y proyecciones de empleo para 2027
Graber-Ladeck advirtió que los datos del mercado laboral son contundentes: siete de cada diez empleadores en México reportan dificultades para cubrir vacantes, mientras que estimaciones privadas prevén la creación de hasta 1.1 millones de nuevos empleos hacia 2027, con un faltante crítico de mandos medios si no se acelera la certificación de habilidades.
En ese contexto, afirmó que incorporar plenamente a las personas migrantes permite cerrar brechas de talento y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e incluyente.
“El reto es construir un marco normativo que reconozca el potencial de las personas migrantes y, al mismo tiempo, fortalezca la productividad y la cohesión social del país”, sostuvo.
Impacto económico y recaudación fiscal de la población refugiada
Por su parte, Joselin Barja Coria, asociada principal de Soluciones Duraderas de ACNUR, destacó que el acceso al empleo digno es un pilar central para la integración sostenible, así como una puerta de entrada a la salud, la educación y la protección social.
Recordó que a nivel global existen 123 millones de personas desplazadas forzosamente, mientras que solo en México, durante 2024, un total de 78 mil 900 personas solicitaron la condición de refugiado. Barja Coria resaltó que la migración actual ya no es solo de paso, sino que un número significativo de personas se establece de manera permanente.
Como ejemplo, señaló que más de 50 mil personas refugiadas han participado en programas de inclusión, contribuyendo anualmente con alrededor de 275 millones de pesos en impuestos, lo que demuestra que la inclusión laboral genera beneficios tanto individuales como colectivos.
Hacia una reforma laboral incluyente y consensuada
No obstante, reconoció que, pese a los avances normativos —como la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político—, persisten desafíos en la implementación que limitan el acceso pleno al trabajo formal.
Ambas representantes coincidieron en que el foro representa un primer paso para construir consensos que permitan avanzar hacia una reforma laboral incluyente, alineada con los compromisos internacionales de México. El encuentro reunió a legisladores, representantes del sector público y privado, sindicatos y academia, con el objetivo de sentar las bases de una reforma que combine igualdad y desarrollo económico.
JJ
