Fuente: Gerardo Cedillo, reportero
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, aprobaron reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, conocidas como 3 de 3, que impiden que quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la vida, violencia familiar, violencia política, sean agresores sexuales o deudores alimentarios puedan ser postulados a puestos de elección popular u ocupar cargos administrativos.
El proyecto fue avalado con 22 votos a favor y una abstención. Este propone que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspendan por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual.
Además, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
También establece que, en los supuestos de esta fracción, la persona que cometa estos ilícitos no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Con relación a la modificación al artículo 102, la reforma establece que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere, ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación.
Además de contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
Martha Lucía Micher, senadora de Morena, llamó a aprobar la minuta en sus términos, a fin de agilizar el proceso en los estados, dictaminar y volverse ley para entrar en vigor en la elección de 2024.
Se trata, dijo, de un tema de ética, justicia y progresividad en los derechos y armonización en los tratados internacionales que ya son ley y que están en la Constitución.
El senador Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un gran logro, pero particularmente, el dictamen por el que se reforman los artículos 38 y el 102 de la Constitución, ya que marca lo que en estos nuevos tiempos debe ser plasmado en la Carta Magna.
Las dictaminadoras, afirmó el legislador del PRI, comparten la opinión de que en una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual, no basta ser un servidor público destacado, si se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde, un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, si es deudor de pensión alimenticia.
Del PAN, el senador Damián Zepeda, expresó su felicitación por el avance de las mujeres que lucharon a lo largo de décadas por garantizar sus derechos y lamentó que haya costado tanto.
“Pero me da gusto formar parte de una generación legislativa que avanza a grandes pasos”, citó.
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