México.- Las reformas al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a fin de que expida una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, avanzan con paso firme en los Congresos estatales.
El decreto, que ya fue aprobado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, ha sido avalado por unanimidad en diversas legislaturas locales. Esta iniciativa es una de las propuestas centrales de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la violencia de género a nivel nacional.
Congresos locales avalan por unanimidad la iniciativa de Claudia Sheinbaum
Hasta el momento, la reforma ha sido ratificada en las legislaturas de: Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México, Sonora, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Durango, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Baja California, Guanajuato, Veracruz y Baja California Sur.
Una vez que la mitad más uno de las legislaturas locales notifiquen al Congreso de la Unión sobre la aprobación de la propuesta, los legisladores federales podrán declarar la validez de la reforma constitucional. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará el decreto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.
Plazo de 180 días para definir tipos penales y sanciones
El decreto establece un plazo de 180 días naturales, después de su entrada en vigor, para que las y los legisladores elaboren la ley general que establecerá, como mínimo, los tipos penales y las sanciones para este ilícito en todo el país.
Dicha medida sienta las bases para una homologación efectiva del tipo penal, eliminando las discrepancias actuales entre los códigos penales estatales. Esto contribuye directamente a mejorar las condiciones de acceso a la justicia y garantiza una aplicación de la ley más justa y uniforme.
Objetivo: Reducir la impunidad y proteger a mujeres y niñas
La creación de esta ley busca reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente para mujeres y niñas, reafirmando su derecho a una vida libre de violencias. Con la homologación, las autoridades de las 32 entidades contarán con criterios unificados para investigar los casos con perspectiva de género, evitando vacíos legales que favorezcan a los agresores.
JJ
