México.- La Comisión de Justicia que preside la morenista Olga Sánchez Cordero aprobó por unanimidad un dictamen para combatir la violencia mediática de género, conocida como “Ley Ingrid” que establecer y tipificar como delito que las personas servidoras públicas filtren o difundan fotografías o información relacionada con una víctima.
El dictamen aprobado en comisiones plantea adicionar un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia y establece hasta 10 años de prisión a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones, en especial, de mujeres. La también ministra en retiro, puntualizó que originalmente se planteaba sólo proteger las imágenes de los cadáveres de las mujeres, pero por una cuestión de género se acordó ampliar la protección también a los hombres, con la diferencia de que la pena se agravará cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Este dictamen toma como modelo la llamada “Ley Ingrid”, que consiste en tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades que deben protegerlos. Con este dictamen, que pasará en breve al Pleno del senado para su votación, lo que se pretende es evitar violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, así como que se garantice el debido proceso.
La también ministra en retiro, puntualizó que originalmente se planteaba sólo proteger las imágenes de los cadáveres de las mujeres, pero por una cuestión de género se acordó ampliar la protección también a los hombres, con la diferencia de que la pena se agravará cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El dictamen aprobado en comisiones plantea adicionar un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia.
Este dictamen toma como modelo la llamada “Ley Ingrid”, que consiste en tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades que deben protegerlos. Con este dictamen, que pasará en breve al Pleno del senado para su votación, lo que se pretende es evitar violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, así como que se garantice el debido proceso.
JJ
