Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otras normas relacionadas, con el objetivo de hacer más eficiente la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en el país.
La reforma tiene como eje central la creación de herramientas tecnológicas, procedimientos más eficaces y obligaciones claras para las autoridades que intervienen en los procesos de búsqueda.
La iniciativa busca hacer frente a una crisis humanitaria que afecta a miles de familias mexicanas, mediante un sistema más eficiente, interconectado y según el dictamen, respetuoso de los derechos humanos.
Plataforma Única de Identidad y CURP biométrica:
Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Plataforma Única de Identidad, que integrará diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos, permitiendo realizar búsquedas en tiempo real a través de la CURP (Clave Única de Registro de Población).
Se establece que la CURP, que incluirá huellas dactilares y fotografía, se convertirá en el documento nacional de identificación con aceptación universal y obligatoria en todo el país, y tendrá un monitoreo en “tiempo real”, ya que esta identificación se solicitará para toda clase de tramites y servicios en el ámbito publico y privado.
Además, se permitirá su uso en formato físico y digital, y su integración con otros sistemas como el Registro del Sistema Nacional de Salud.
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al dictamen al considerar que promueve un modelo de vigilancia masiva sin resolver de fondo la crisis humanitaria que enfrenta el país.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó como un “despropósito” discutir reformas de tal calado en un periodo extraordinario.
Acusó al oficialismo de lucrar con el dolor de las madres buscadoras para instaurar un “gobierno espía” mediante un paquete de leyes interconectadas que incluyen la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Investigación e Inteligencia.
Anaya alertó, que con solo teclear la CURP, el gobierno tendría acceso a datos personales, compras, hospedajes y geolocalización en tiempo real.
“La gente no va a aceptar al gobierno espía, que ustedes con teclear la CURP puedan ver lo que compraron en Amazon, el hotel donde se hospedaron, la geolocalización en tiempo real. Y yo sé, su argumento es necesitamos ese poder, queremos ser el gobierno espía para encontrar a los desaparecidos y para acabar con la crisis de seguridad. Convoquen a un parlamento abierto, no lo hagan en lo oscurito. (…) Es gravísimo lo que están haciendo. Yo cierro con una propuesta concreta, detengan este despropósito, no al gobierno espía”, afirmó
Sin embargo, el senador de Morena, Pável Jarero, defendió el monitoreo y la concentración de datos y movimientos de los ciudadanos por parte del gobierno, ya que actualmente quienes cuentan con teléfonos móviles están expuestos a la inteligencia artificial, a proporcionar su geolocalización, los datos biométricos y la llamada Big Data entre otros.
“Nosotros si estamos por sistematizar la información y el que nada debe nada teme. O sea, ¿Cuál es el problema si ahora con una aplicación te detectan los gustos, las preferencias, la ubicación, todos los que traemos móviles? Ahí está la información y el Big Data y la inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay que poner las cosas como son en la mesa, y si no quieren ayudar a construir un país distinto y si no quieren ayudar a encontrar a las personas desaparecidas, también díganlo”, aseveró.
Desde el PRI, el senador Néstor Camarillo, exigió la apertura de un parlamento abierto para escuchar a madres buscadoras y víctimas.
Criticó la “simulación” detrás del dictamen, al que calificó como un instrumento de control político.
Alertó sobre los riesgos de crear una plataforma única de identidad con acceso discrecional del Ejecutivo.
“No vamos a permitir que el oficialismo convierta nuestros datos en un arma de persecución política con fines electoreros. No estamos a favor de la plataforma única de identidad, no a la que el gobierno tenga nuestras huellas, la de nuestros hijos, la de nuestras familias. No vamos a seguir apoyando un país donde se normalice la desaparición forzada y se institucionaliza el control sobre la ciudadanía”, señaló.
En representación de Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Alejandra Barrales, denunció que, pese al discurso oficial, el dictamen no atiende las demandas de los colectivos de búsqueda ni fortalece a las comisiones nacionales y locales.
Subrayó que estas instituciones, esenciales para encontrar a las más de 129 mil personas desaparecidas, operan sin liderazgo ni recursos suficientes.
Barrales también rechazó las reformas a la Ley General de Población por contemplar la integración obligatoria de datos biométricos en la CURP, lo que consideró un paso hacia un sistema de vigilancia digital masiva operado por la Agencia de Transformación Digital.
“Esta reforma se trata, hay que decirlo con todas sus letras, de un paso más, de un paso de enorme calado en la instauración en nuestro país de un sistema de vigilancia digital masiva, un sistema de vigilancia digital masiva de los mexicanos cuyo brazo operativo es la Agencia de Transformación Digital.
(…) Con esta reforma estamos transitando hacia un esquema de vigilancia total de las y los mexicanos, lo que está en juego son ni más ni menos que las libertades de las y de los mexicanos”, declaró
En el dictamen se establece también:
Acceso y obligaciones de autoridades y particulares:
La reforma impone a autoridades federales, estatales, municipales y a particulares que posean datos biométricos o identificativos, la obligación de permitir el acceso a dicha información a la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y al Centro Nacional de Inteligencia, con el fin de apoyar las labores de búsqueda.
Los servicios forenses deberán realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas a cuerpos no identificados antes de su traslado a fosas comunes, y registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días.
Ficha de búsqueda y nuevas instituciones en el sistema:
Se implementará una Ficha de Búsqueda estandarizada con datos clave de la persona desaparecida, que se generará en formato físico y digital. Esta ficha será notificada al Registro Nacional de Población para activar alertamientos mediante la CURP.
El Sistema Nacional de Búsqueda incorporará nuevas instituciones como el Registro Nacional de Población, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Base Nacional de Carpetas de Investigación y fiscalías especializadas:
Se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación que concentrará los datos de todas las denuncias relacionadas con desaparición forzada o cometida por particulares.
Las fiscalías estarán obligadas a consultar esta base antes de iniciar nuevas investigaciones, para evitar duplicidades.
Asimismo, se fortalecerá a las fiscalías especializadas en desaparición, que deberán contar con personal capacitado, unidades de análisis, búsqueda inmediata y cibernética, así como con áreas de atención a víctimas.
Protección de datos y enfoque de derechos humanos:
La Secretaría de Gobernación será responsable de integrar los datos biométricos a la CURP, con pleno respeto a la normativa de protección de datos personales.
También coordinará un programa específico para incorporar a niñas, niños y adolescentes al Registro Nacional de Población.
Con estas reformas, el gobierno federal pretende garantizar una respuesta integral, coordinada y eficaz ante uno de los problemas más sensibles del país, respetando la dignidad de las víctimas y los derechos de sus familias.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que correspondan.
JJ
