Gerardo Cedillo, reportero
México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron con 24 votos a favor, 2 en contra y una abstención una reforma que salvaguarda los derechos laborales de los elementos de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente que fueron o son asignados a la Guardia Nacional.
Estas comisiones realizaron una interpretación auténtica sobre los alcances del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
En el dictamen aprobado y que será votado en el pleno, se establece que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni la Ley de la Guardia Nacional, ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, prevén con total certeza los parámetros para garantizar los derechos y la seguridad laboral de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente asignados a la Guardia Nacional.
Por ello, la interpretación asegura el respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional y fomenta un trato justo y equitativo para los elementos de las Fuerzas Armadas, porque se reconoce su contribución específica a la seguridad pública y, garantiza que no se vean afectados negativamente sus derechos por esta participación temporal.
Así lo explicó, Miguel Ángel Mancera coordinador del PRD.
“La propuesta ofrece una transición clara y justa en la carrera profesional de estos elementos, pues se les brinda estabilidad y seguridad laboral, porque no sólo se respetan sus derechos individuales, sino que también se reconoce la importancia de su contribución a la seguridad nacional”.
El dictamen establece que la interpretación de la frase: “los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones”.
Julen Rementería, coordinador del PAN, aclaró que esta precisión nada tiene que ver con las afirmaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para insistir en transferir la Guardia Nacional al mando militar.
El dictamen precisa que los elementos transferimos conservarán sus prestaciones íntegras, toda vez que se encuentran en una asignación temporal, derivada del artículo transitorio de la reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, motivo que no deberá, en ningún caso, implicar una afectación a sus derechos laborales, prestaciones inherentes, así como la salvaguarda de ser reasignado a su fuerza armada de origen.
Sin embargo, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, manifestó que no se le debe “dar vuelta” a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impedía el paso ilegal de la guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Estamos sentando un peligroso precedente si por la vía de la mayoría simple hacemos una interpretación de una reforma constitucional”.
José Narro Céspedes, de Morena, subrayó que la propuesta brinda seguridad a los derechos laborales, asensos y estímulos obtenidos por los elementos militares que se integran a la Guardia Nacional.
“Creemos que es algo muy importante darles certeza a esos elementos que hoy juegan un papel fundamental para la seguridad del país”.
Damián Zepeda, senador del PAN, expresó que el dictamen busca que todo aquel elemento militar que sea asignado a la Guardia Nacional no pierda sus derechos laborales, rango, antigüedad y prestaciones.
“Eso no es profundizar la militarización, porque no vamos a estar a favor de nada que implique la militarización de la seguridad pública”.
La senadora Nancy de la Sierra, del PRI, consideró que no existe problema de interpretación del artículo tercero transitorio, ya que “está muy claro que los elementos de la Guardia Nacional no perderían ningún derecho”.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, consideró que la propuesta es innecesaria para garantizar los derechos laborales de las Fuerzas Armadas, pues se trata de un decreto que desconoce las facultades constitucionales del Senado de la República, como órgano revisor, además de que genera “suspicacia” al hacer una interpretación que no está en la Constitución.
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