México.- A 100 días de haber sido designado auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel entregó a la Cámara de Diputados el primer informe de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Durante una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el funcionario informó que se han presentado 21 denuncias penales y se han iniciado 31 expedientes de investigación, aunque aclaró que ello no significa que ya se haya determinado alguna responsabilidad.
Aunque rechazó revelar los entes involucrados para respetar el debido proceso, en el portal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se reporta que durante 2026 se presentaron denuncias penales contra Talleres Gráficos de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las Universidades de Chapingo y Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
También figuran diversos municipios de los estados de Estado de México, Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí y Michoacán.
Auditor Superior promete fortalecer la fiscalización y sancionar irregularidades
Ante legisladores, Aureliano Hernández Palacios Cardel habló de una reingeniería institucional para lograr una fiscalización integral y garantizó la aplicación de sanciones oportunas a los servidores públicos responsables de irregularidades en el ejercicio del gasto.
Cuestionado sobre las acciones para detectar la posible intervención del crimen organizado en entes de gobierno, el titular de la ASF informó que mantienen coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema Nacional de Seguridad.
Además, señaló que se firmó un convenio con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para revisar el gasto que ejercen los municipios en materia de seguridad.
Durante la reunión, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, pidió aplicar un “ojo clínico” en entidades como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa, con el objetivo de evitar que el desvío de recursos públicos beneficie al crimen organizado.
Por su parte, el diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández Tapia, propuso incorporar el uso de la inteligencia artificial en las tareas de fiscalización, fortalecer la protección de los auditores que realizan labores en zonas controladas por grupos delictivos y garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia de los sujetos fiscalizados.
