Gerardo Cedillo, reportero
México.- El pleno del Senado aprobó con 86 los votos de Morena, PT y Verde y 39 en contra de la oposición, reformas a la Constitución para fortalecer las capacidades del Estado en el sector energético y proveer a las y los ciudadanos de electricidad al menor precio posible.
Así, se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, para derogar la reforma energética aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con estas modificaciones se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado” para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.
Sin embargo, el debate entre la mayoría del oficialismo y la oposición, se desvío de tema y derivó en un cruce de ataques por la sentencia de 38 años y ocho meses de prisión a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Desde que se reanudó la sesión, Morena festejó la sentencia, luego de que Gerardo Fernández Noroña, recordó que siendo diputado acuso a García Luna de sus nexos con el crimen organizado.
Los senadores de morena señalaron que Felipe Calderón ignoró los vínculos de García Luna con el narcotráfico, en particular, con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, otrora líder del Cártel de Sinaloa.
Mientras, los panistas se deslindaron del exsecretario.
Ricardo Anaya, senador del PAN, subió a tribuna para sostener que “nunca voy a defender lo indefendible”.
Julieta Andrea Ramírez Padilla, senadora de Morena, arremetió contra Felipe Calderón.
Otra panista, Lilly Téllez, celebró la sentencia contra quien llamó corrupto:
En el dictamen se precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea, ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.
Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
En materia de litio no se entregarán concesiones.
La oposición cuestionó la nueva estatización de Pemex y la CFE, que regresen a ser otra vez monopolios sociales, pues con esta reforma no serán soberanas ni independientes.
Acusó que la reforma viola algunos apartados del T-MEC, con lo que se avizoran controversias con Estados Unidos y Canadá.
El decreto se remitió a los congresos locales para los efectos constitucionales que correspondan.
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