Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- El pleno del Senado aprobó con 107 votos a favor una reforma para el sector ferroviario nacional, cuyo objetivo central es recuperar el control estatal sobre esta infraestructura estratégica.
Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un nuevo organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que coordinará y fomentará el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en el país.
Según el dictamen, la reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, considerada insuficiente para atender los desafíos de movilidad y conectividad del siglo XXI.
Actualmente, el transporte ferroviario representa apenas el 19 por ciento del volumen total del transporte terrestre, situación que limita su potencial logístico, económico y ambiental.
En este contexto, la reactivación del transporte de pasajeros y la expansión de rutas en distintas regiones se consideran estratégicas para dinamizar el mercado interno, generar empleos y detonar el desarrollo regional.
Uno de los cambios más significativos introducidos por el nuevo marco legal es la facultad del Estado para asignar directamente a empresas públicas los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros.
Esto marca un giro respecto al esquema anterior, basado en concesiones privadas, y busca garantizar que la infraestructura construida permanezca bajo propiedad y operación estatal.
Dichas asignaciones serán indefinidas, no transferibles y los bienes desarrollados pasarán automáticamente a formar parte del patrimonio nacional, incluidos patios de maniobra, estaciones y centros logísticos.
Las reformas no solo consolidan el papel del Estado como planificador y operador, sino que también fortalecen sus capacidades regulatorias.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario adquiere nuevas atribuciones para imponer sanciones tanto a concesionarios como a quienes operen bajo asignaciones, permisos o autorizaciones.
Las sanciones abarcan desde la revocación por inactividad, cesión indebida de derechos o cambio de nacionalidad, hasta penalizaciones por prácticas anticompetitivas, tarifas no registradas o incumplimiento de indemnizaciones.
En términos legislativos, las modificaciones alcanzan a una amplia gama de leyes: la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales.
Esta armonización normativa pretende consolidar una visión integral y de largo plazo en materia de movilidad, sustentabilidad y desarrollo económico.
Finalmente, la reforma representa un esfuerzo por revertir la desarticulación del sistema ferroviario provocada por las políticas neoliberales de décadas pasadas.
Al reafirmar la función estratégica del transporte ferroviario, el Estado mexicano busca garantizar su operación con criterios de interés público, equidad territorial y soberanía nacional.
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