Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Con el objetivo de hacer más eficiente la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en el país, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otras normas relacionadas.
Los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, derivan del escándalo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco y tienen como eje fundamental la creación de herramientas tecnológicas, procedimientos más eficaces y obligaciones claras para las autoridades que intervienen en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
Entre las medidas clave se contempla la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema que integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos.
A través de la CURP biométrica –que incluirá huellas dactilares y fotografía– las autoridades podrán realizar búsquedas en tiempo real.
Esta CURP se convertirá en el documento de identificación oficial con validez nacional y será utilizada tanto en formato físico como digital.
Además, se impone la obligación a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, de permitir el acceso a esta información a instancias como la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad, para facilitar las labores de búsqueda.
En el debate, Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, hizo un enérgico llamado al pleno del Senado para aprobar el dictamen, al subrayar que está en juego la esperanza de más de 125 mil familias mexicanas.
Durante su intervención, Valdez pidió dejar de lado los pretextos y los temores infundados sobre espionaje o control político:
“Ya dieron sus argumentos y esos son, que le tienen miedo a la iniciativa, que nos van a espiar, que nos van a controlar, que a través de nuestros teléfonos van a saber a los hoteles a los que nos metemos. No seamos mezquinos, démosle al pueblo de México una muestra de solidaridad, una muestra de amor, una muestra, de que sus senadores y senadoras sirven para algo”.
Karla Toledo, del Partido Revolucionario Institucional, rechazó tajantemente la propuesta de reforma para implementar una Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos obligatorios, al considerar que se trata de un mecanismo de vigilancia masiva, un instrumento de control estatal y no una verdadera herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo que señalo que más de 100 colectivas de madres buscadoras rechazan esta reforma.
Mas de 100 organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas han publicado y expresado su rechazo, esta ley no garantiza una búsqueda efectiva, no da facultades ministeriales a la comisión nacional, no dota de presupuesto, ni de personal capacitado, lo que están haciendo es trasladar al ciudadano la carga de control institucional, precisamente por eso no se puede utilizar su causa como excusa para imponer una agenda autoritaria, esta iniciativa carece de humanidad y lo que proyecta es control, miedo y vigilancia del gobierno”.
Reclamó que todo este montaje está diseñado solamente para vigilar a la población entera, para poder intimidar o acallar a una persona si así lo decidieran. “Y lo digo claro y fuerte, las desapariciones no se combaten con bases de datos centralizadas, sino se combate con Estado de derecho, con justicia pronta y atención digna”, enfatizó.
La legisladora priista advirtió que la propuesta permitiría al gobierno acceder a información personal sin requerimiento judicial, incluyendo ubicación, redes sociales, historial médico y hasta hábitos de consumo.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó su respaldo a la nueva ley, pero advirtió sobre los riesgos que implica la reforma paralela a la Ley General de Población.
“Se plantea la CURP como un eje de todo un sistema que se busca que concentre huellas digitales, fotografías, datos biométricos y que se convierta en obligatoria para absolutamente todos los trámites que se realicen por entes públicos y privados.
“En un país donde reina la inseguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio, es verdaderamente preocupante la falta de mecanismos, de herramientas para garantizar que el gobierno tenga una custodia responsable, una custodia segura de esta información. Nada más y nada menos la información de 130 millones de mexicanos”, señaló.
Barrales destacó la grave crisis humanitaria que vive México desde hace casi dos décadas, con más de 120 mil personas desaparecidas, aunque reconoció avances en el dictamen, señaló que “se queda corto” al no resolver de fondo la problemática.
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel, denunció un alarmante incremento en el número de personas desaparecidas en México y expresó su preocupación por la forma en que el gobierno pretende manejar los datos personales de la ciudadanía.
Sanmiguel señaló que 2024 cerró con la cifra más alta de personas desaparecidas en el país, con más de 31 mil casos. Además, entre enero y abril de 2025 se han registrado 5 mil 225 desapariciones, lo que representa un incremento del 26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Expresó su rechazo a las reformas a la Ley General de Población, al advertir que busca otorgar al gobierno el control sobre datos personales y biométricos mediante la Plataforma Única de Identidad.
“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad, en la que se incorporan datos biométricos a la CURP, es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial, que de manera permanente estará interconectado en tiempo real, con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. ¿A quién quieren engañar? En realidad, lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, declaró.
La reforma también ordena a los servicios forenses practicar pruebas genéticas y dactiloscópicas a cadáveres no identificados antes de ser enviados a fosas comunes.
Los resultados deberán registrarse en un plazo máximo de tres días en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, se implementará una Ficha de Búsqueda estandarizada, en formatos físico y digital, que será notificada al Registro Nacional de Población para activar mecanismos de alerta mediante la CURP.
Como parte del rediseño institucional, el Sistema Nacional de Búsqueda incorporará a nuevas instancias, incluyendo a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y representantes de procuración de justicia estatales.
También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desaparición forzada o cometida por particulares.
Las fiscalías deberán consultar esta base antes de iniciar nuevas indagatorias, con el fin de evitar duplicaciones.
Las fiscalías especializadas en desapariciones serán fortalecidas con personal capacitado, unidades de búsqueda inmediata y cibernética, análisis de contexto y áreas de atención a víctimas.
Finalmente, la Secretaría de Gobernación será la responsable de integrar los datos biométricos a la CURP, respetando la Ley de Protección de Datos Personales, y de coordinar un programa específico para incorporar a niñas, niños y adolescentes al Registro Nacional de Población.
Con esta reforma, el gobierno federal busca una respuesta más eficaz, articulada y respetuosa de los derechos humanos frente a uno de los problemas más graves del país.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
JJ
