México.- El Senado de la República y la Cámara de Diputados trabajan en una Ley de Ciberseguridad que contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, que sería la encargada de instrumentar las medidas y la estrategia para evitar los hackeos y ataques cibernéticos como el que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por parte del grupo Guacamaya.
Al término de la tercera reunión con empresarios de la rama de la tecnología dentro de la Mesa Permanente para Analizar el Marco Jurídico en Materia de Ciberseguridad, Los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología del senado, Jorge Carlos Ramírez Marín y de diputado, Javier López Casarín destacaron que lo que se pretende es construir un marco jurídico sólido que blinde al gobierno y a los particulares contra estos ataques o delitos.
En conferencia de prensa conjunta, López Casarín destacó que tan solo el año pasado, en México se recibieron 157 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en teléfonos, computadoras y otro tipo de dispositivos electrónicos, es decir, 400 millones cada día. Detalló que la agencia Mexicana de Ciberseguridad sería muy similar a las que existen en otros países en esta materia.
“Tiene que haber una entidad, y en este caso la propuesta es esta agencia, que se sume a los esfuerzos de otros países para que lo más institucional quede absolutamente protegido, pero también la información de cualquier ciudadano o particular”.
Detalló que como parte de este andamiaje jurídico se reformaran otros ordenamientos como la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de la Guardia Nacional, así como códigos penales y civiles “Que quede bien claro que esta no es una única ley que va a regular todas las operaciones del ciberespacio. Esta es la primera de otras que van a ir conformando nuestro marco jurídico sólido”, explicó el diputado federal.
Ramírez Marín informó que los hackeos representan para la iniciativa privada un costo anual de más de 8 mil millones de dólares y se desconoce el monto que significan para el gobierno. Reveló que existen 19 iniciativas en ambas cámaras del congreso sobre ciberseguridad, para hacer un solo dictamen y ley antes de que concluya el periodo ordinario en diciembre. López Casarín aclaró que el proceso para contar con una ley robusta de ciberseguridad no derivó de los recientes ataques a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que inició hace casi un año.
En este sentido, Jorge Carlos Ramírez Marín recordó que este no fue el primer gran ataque cibernético que ocurre en México, pues ocurrió en Pemex, hace casi cinco años, y en Bancomext, hace dos años, pero “después de estos ataques no hay explicaciones, no hay una autopsia del ataque que le pueda servir a otros para prevenir futuros ataques. Las alertas que debimos encender desde los primeros ataques aparentemente no lo hicimos, y seguramente es porque no hemos contado con un instrumento que, para empezar, obligue a la coordinación”, indicó.
Javier López Casarín remarcó que los ciberataques tienen diferentes fines: hay algunos que son meramente económicos, hay otros que tienen el objetivo malicioso únicamente de generar daño y otros pretenden desestabilizar geopolíticamente a un país, lo que dijo, no se puede descartar en el caso del hackeó a la Sedena.
JJ
