Enrique Jonguitud, Tamaulipas
Ciudad Victoria.- Los agricultores fronterizos de Tamaulipas enfrentan una situación crítica debido a los bajos niveles de las presas internacionales La Amistad y Falcón, que apenas registran 7.8 % y 5.3 % de su capacidad, respectivamente, de acuerdo con el mar reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A pesar de que el almacenamiento general de agua en los cuerpos de agua en todo Tamaulipas es del 62.7 %, la situación es diferente en la zona norte del estado ya que se presenta niveles alarmantemente bajos. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas Falcón y La Amistad son fundamentales para el abastecimiento de agua en los municipios ribereños del noreste del país y para la agricultura en los distritos de riego 0025 y 026.
Pero esta situación se agrava por la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos, derivada del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Actualmente, se adeudan más de 1,263 millones de metros cúbicos de agua, lo que ha generado tensiones con las autoridades estadounidenses que exigen el cumplimiento del acuerdo.
La presa la Amistad se encuentra en el municipio de Acuna, Coahuila mientras que la presa Falcón se ubica en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. La escasez de lluvias en la cuenca del río Bravo ha impedido la recarga de ambas, afectando tanto el abastecimiento urbano y poniendo en riesgo las actividades agrícolas en la región.
Agricultura en jaque
Ante este panorama, los agricultores del distrito Bajo Río Bravo han solicitado a la Conagua la liberación del agua almacenada en las presas de Chihuahua, argumentando que el agua es un recurso federal y debe distribuirse equitativamente entre las entidades
En respuesta a la crisis, la administración estatal ha implementado medidas como el bombardeo de nubes para inducir lluvias en las zonas más afectadas. Sin embargo, la efectividad de estas acciones ha sido limitada y no garantiza una solución a largo plazo.
La situación en la frontera de Tamaulipas requiere de una acción coordinada entre los gobiernos estatal y federal, así como de una gestión eficiente de los recursos hídricos, para garantizar el abastecimiento de agua a la población y evitar una crisis mayor en la región.
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