México.- Las desapariciones de Estado en complicidad con el crimen organizado prevalecen en México, alerta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al publicar este 11 de mayo su informe “Desaparición de Personas en México”, el organismo internacional sostiene que dicho ilícito persiste y que las desapariciones forzadas “aún no han sido del todo erradicadas”.
La CIDH destaca que existen múltiples casos en los que estas desapariciones “habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”, lo que configura una grave crisis de derechos humanos en el país.
Crisis de identificación humana y perfiles de las víctimas
México enfrenta una “grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. El organismo revela que se contabilizan más de 128 mil personas desaparecidas, mientras que conteos independientes calculan más de 70 mil cuerpos no identificados bajo resguardo estatal.
El delito es calificado como “generalizado” y el universo de víctimas agrupa diversos perfiles críticos:
- Niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado.
- Mujeres y niñas víctimas de violencia de género, trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
- Personas LGBTIQ+ agredidas por motivos de género.
- Defensores de derechos humanos y periodistas por su labor profesional.
- Personas migrantes debido a la inseguridad en sus rutas de tránsito.
Impunidad y desafíos en la justicia mexicana
La CIDH alertó que la impunidad en los casos de desaparición es “apremiante”, evidenciada en la casi nula judicialización y la baja emisión de sentencias. Aunque se reconoce la judicialización de casi una veintena de casos en el último año, estos esfuerzos se consideran limitados frente a la magnitud del fenómeno.
En cuanto a la prevención, el informe pondera la nueva estrategia de seguridad aprobada en 2025, que adopta la política de “atención a las causas”. Sin embargo, identifica desincentivos y miedo en la interposición de denuncias, además de una “inversión de la obligación”, donde la carga de la investigación recae sobre las familias y no sobre el Estado.
El riesgo de los colectivos y las recomendaciones internacionales
En el rubro de la búsqueda, la CIDH valora el impulso de los colectivos y familias, pero advierte sobre las graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras. Aunque se reconoce la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, persiste la falta de coordinación con las fiscalías.
Finalmente, la CIDH emitió una serie de recomendaciones estratégicas para el Estado mexicano:
- Evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana.
- Implementar un enfoque masivo de identificación humana.
- Garantizar la interoperabilidad de registros y bancos de datos.
- Asegurar el acceso efectivo a apoyos económicos para familias buscadoras.
- Fomentar la colaboración de instituciones de inteligencia para proveer información sobre casos del pasado y presente.
JJ
