México.- Edgar López García, abogado de Juan Vera Carrizal, denunció que aunque su cliente fue absuelto en 2024, sigue preso por motivos políticos y arbitrariedades judiciales, especialmente por influencia de Berenice Ramírez Jiménez, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca.
El litigante relató que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de forma inusualmente rápida tras una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que genera preocupación por un posible precedente regresivo en derechos humanos y una falta de imparcialidad.
Denuncian intereses económicos y presiones en el proceso judicial
Además, señaló presuntos intereses económicos detrás de la acusación de la saxofonista María Elena Ríos, con exigencias de reparación desproporcionadas. Advirtió que, si no hay justicia pronta, considerarán acciones internacionales y protestas, incluyendo una huelga de hambre.
“Esa es nuestra preocupación, porque aquí el proceso puede tardar uno o dos años debido a la carga de trabajo, y mientras esto sucede, Juan Vera Carrizal y los demás procesados seguirán privados de su libertad. En un inicio, la hija del señor Carrizal recibió una propuesta por parte de María Elena Ríos de que le entregara 15 millones de pesos y no presentaría ninguna denuncia, a lo cual se negaron porque su padre era inocente. Posteriormente, nos sorprendió que, tras la acusación, se exigen 87 millones de pesos. Ese es el monto que se ha estado tratando de obtener de forma ilícita a través de jueces penales y con el apoyo político en el estado de Oaxaca”, afirmó el abogado.
El papel de la SCJN y la demora en la resolución del caso
El defensor destacó que la familia de Vera Carrizal rechazó en su momento la propuesta económica inicial para evitar la denuncia, pero que la cifra ha escalado significativamente durante el proceso.
La situación jurídica se mantiene en un estado crítico, ya que la resolución definitiva podría demorar un tiempo considerable debido a la saturación de la Suprema Corte, lo que mantiene al imputado en prisión preventiva a pesar de la sentencia de absolución emitida previamente.
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