México.- La Organización Mexicanos Primero, informó que el Juzgado Séptimo de Distrito, en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a las reglas de operación del programa “La Escuela es Nuestra”, en virtud de que con éstas, se dejó de contemplar los componentes de jornada ampliada y alimentación que existían hasta el 2021, en 27 mil escuelas de todo el país, mismas que beneficiaban a 3.6 millones de niños y niñas. Claudia Aguilar, parte del equipo jurídico que encabezó la demanda de amparo, explicó que, para su resolución, la juzgadora, tomó en cuenta que los derechos alcanzados por los menores no pueden ser revertidos.
“La Juez de Distrito lo que estimó es que el presupuesto de egresos de la federación de 2021, era contrario al principio de progresividad del Derecho a la Educación de niñas, niños y adolescentes, en virtud de que contemplaba una menor cobertura presupuestal para el programa la escuela es nuestra, a pesar de que ese era el programa que tenía que llevar tanto sus objetivos, es decir los relativos a infraestructura, como los que había heredado, del programa escuelas de tiempo completo, que venía funcionando los 15 años anteriores, normalmente con un incremento presupuesta”.
La abogada señaló que, si la autoridad insiste en no aplicar estos componentes, estaría en desacato de un mandato judicial que vela por el interior superior de la niñez, lo que se traduciría como un delito, además que el poder judicial envía un mensaje en beneficio de la niñez mexicana y cualquier violación al principio de progresividad de los derechos humanos no deben ser tolerados.
Por su parte, Fernando Alcazar, de Mexicanos Primero, recordó que, en muchos casos, la alimentación caliente que se otorgaba a los menores incluso era su única comida caliente que recibían en todo el día, lo cual ayudaba a combatir la desnutrición que se registra en ese sector de la población, además la jornada ampliada, empodera a las madres ya que les permitía incorporarse al mercado laboral y tener ingresos para sus familias. Por si fuera poco, también representaba un espacio seguro y libre de violencia para niñas y adolescentes que están expuestas a esa condición. Advirtieron que los señalamientos hechos por la Presidencia o incluso por la SEP, de otorgar los recursos de manera directa, podría generar otro ilícito, ya que estos recursos, están destinados a un tema específico, como la infraestructura.
“Actualmente como está configurado el programa “La Escuela es Nuestra” y estas transferencias directas que sí reciben los Comités Escolares de Administración Participativa, se estarían metiendo en un problema muy grave, las mamás y papás que forman parte de este comité si utilizan los recursos para otra cosa que no sea infraestructura, el mensaje del Presidente de la República es muy peligroso y también de la SEP, de decir que se mantienen los apoyos y dando a entender que estos apoyos también se podrían utilizar para lo que ellos decidieran…esto los metería en un problema muy grave de fiscalización y de incluso responsabilidades administrativas o incluso penales digamos de malversación de recurso, porque las reglas de operación no permiten otro uso de estos recursos que no sea la infraestructura”.
Por ello enfatizó que se requieren modificaciones a las reglas de operación o unas nuevas reglas, que sí contemplen jornada escolar ampliada y servicios de alimentación. Cuestionados de la decisión de aquellas entidades que decidieron con recursos propios seguir con estas escuelas de jornada ampliada, señalaron que si bien es un apoyo, es necesario que el programa esté enmarcado en el ámbito federal, que tenga reglas de operación y una visión más amplia a nivel nacional, pero sobre todo que sea sostenible en el tiempo, ya que de lo contrario estarían sujetos los componentes a la fragilidad, además advirtieron que es indispensable que el programa se aplique en las 32 entidades e incluso se amplíe el número de planteles a los que actualmente atiende.
FF