Agencia EFE
Los Ángeles.- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a la ciudad de Los Ángeles por su políticas migratorias de “ciudad santuario” alegando que estas interfieren con la aplicación de leyes de inmigración del gobierno federal.
La demanda presentada en el Distrito Central de California nombra como acusados a la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, al concejo municipal y al presidente del concejo municipal, Marqueece Harris-Dawson.
El escrito legal acusa a la ciudad de haber iniciado el proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario tras el triunfo electoral de Donald Trump, quien había hecho campaña con una plataforma centrada en deportar a millones de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
La demanda cita la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada por Bass en diciembre de 2024, que limita que las agencias federales de inmigración utilicen recursos de la ciudad para realizar operativos migratorios o detenciones dentro de la jurisdicción local, acción que, según la demanda, busca obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración.
“Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la Ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, declaró el fiscal federal Bill Essayli para el Distrito Central de California, en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
La demanda acusa a la ciudad de impedir que los funcionarios colaboren con las autoridades de inmigración, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Además, señala que la ciudad incurre en discriminación contra el gobierno federal y sus autoridades de inmigración al negarles acceso a recursos.
También se alega que la ciudad ha fomentado actos de resistencia y disturbios relacionados con operativos federales de inmigración, incluyendo episodios de violencia contra agentes, y que ha llevado a cabo acciones que constituyen obstrucción a la justicia.
La demanda se presenta durante la cuarta semana de operativos migratorios en el estado de California, semanas después de que estallaran protestas contra la presencia de ICE en la ciudad, que llevaron al presidente Trump a enviar 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con el permiso del gobernador del estado, una medida que no se tomaba hace 60 años.
Si bien Los Ángeles aprobó desde hace algunos meses declararse oficialmente ciudad santuario de inmigrantes, su Policía ha mantenido por casi 50 años la Orden Especial que prohíbe a los oficiales iniciar contacto con una persona con el único propósito de determinar su estatus migratorio.
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