EFE
Quito.- La Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador continúan hallando armas de fuego, granadas y explosivos en las cárceles más de una semana y media después de haber intervenido al menos una decena de centros carcelarios para intentar recuperar el control tras una serie de motines que se dieron de forma simultánea.
En la cárcel de Latacunga, una de las mayores prisiones de Ecuador, situada a 70 kilómetros al sur de Quito, en la céntrica provincia andina de Cotopaxi, se decomisaron un fusil, una subametralladora, 7 pistolas, 18 cargadores, más de 4.400 balas, 2 granadas de mano y 2 explosivos, según reportó este martes el Ejército.
El armamento, las granadas y los explosivos se encontraron durante la madrugada de este martes en los baños del pabellón de mínima seguridad. Mientras, en las inmediaciones de la cárcel de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los militares detuvieron a 5 personas que se trasladaban en un camión cargado con 2 armas de fuego, 2 cargadores y 15 balas de 9 milímetros.
A su vez, los militares ecuatorianos hallaron en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca 4 pistolas, 157 balas de 9 milímetros, 4 cargadores y un arma blanca, entre otros objetos prohibidos como 90 teléfonos celulares, 278 fundas de marihuana y 549 dosis de cocaína. Mientras, el lunes en la cárcel de Machala, de la sureña provincia andina de El Oro, fronteriza con Perú, los integrantes del Ejército y de la Policía retiraron cables de televisión e internet que aparentemente le daban conectividad a los reclusos de esa prisión.
Desde la última parte del año pasado se han desarrollado una serie de ingresos de policías y militares a las cárceles de Ecuador para requisar armas y explosivos en poder de los presos, donde se han incautado importantes arsenales, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada, situada en la ciudad de Guayaquil.
Estos operativos se han intensificado después de que el Gobierno de Ecuador elevase la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno” y declarase a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales que deben ser neutralizados por las fuerzas del orden. Esta declaración, acompañada de un estado de excepción con toque de queda nocturno, se dio a inicios de enero tras una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado que incluyeron secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados y motines carcelarios con cerca de 90 presos fugados y unos 200 rehenes que fueron liberados.
Sin embargo, la imagen que dio la vuelta al mundo de esta sucesión de actos violentos fue la irrupción en un canal de televisión de un grupo de al menos 13 hombres armados que mantuvieron secuestrados a sus trabajadores durante varias horas durante una emisión en vivo. Los hechos se suscitaron cuando la administración del presidente Daniel Noboa buscaba dar sus primeros pasos para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por estas bandas criminales a las que ahora llama terroristas y a las que se les atribuye la serie de masacres carcelarias donde desde 2020 han sido asesinados más de 450 presos.
JJ
