Ciudad de México.- México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90% de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco.
Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa.
El documento “proporciona por primera vez una perspectiva regional sobre los mecanismos pero sin pasar por alto especificidades y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana”, dijo en conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina.
En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos.
Sobre los mecanismos de protección de periodistas, RSF realizó un trabajo de investigación para ofrecer una perspectiva regional y sobre las diferencias de cada país, además de aportar 80 recomendaciones para mejorar los mecanismos. De manera general, el análisis detectó que, en primer lugar, la mera existencia de dichos mecanismos es positivo para los informadores, pero también que los cambios son urgentes en estos programas -que cuentan con “fallos estructurales importantes”- para que sean realmente eficaces.
En México, RSF encontró graves deficiencias a la hora de sentenciar a los agresores, con lo que se limita la capacidad de respuesta en un país donde la prensa “ha sido y sigue siendo estigmatizada por los poderosos”, según el informe.
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