Miami.- Jueces pidieron al Gobierno de Estados Unidos y al del estado de Florida información sobre cómo opera el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes) mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, al oeste de Miami, una de defensores de migrantes y otra de ambientalistas.
La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, exigió a las autoridades revelar los acuerdos que tiene el Gobierno estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro, que desde el 3 de julio retiene a migrantes.
También, según documentos judiciales disponibles pidió “el más reciente estudio de impacto ambiental” del sitio, que opera en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural con especies protegidas, lo que motivó la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.
En el otro caso, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, autorizó a los demandantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos, pedir al Gobierno que difunda acuerdos entre las agencias gubernamentales para operar el centro.
Los ambientalistas y los defensores migratorios argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable de ‘Alligator Alcatraz’, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.
“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señaló la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.
La preocupación de las asociaciones aumentó después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el viernes que el DHS comenzó a operar vuelos con deportados desde el sitio, donde hay un aeropuerto que no se usaba.
Las organizaciones ecologistas y civiles buscan el cierre total del centro, que por ahora tiene una capacidad para 2,000 detenidos y crecerá hasta 4,000, según el Gobierno de Florida.
Agencia EFE
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